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Amonestaciones, despidos e inhabilitaciones: así proponen castigar acoso laboral en el país
El Frente Amplio presentó una iniciativa para elevar a rango de ley la prevención y sanción del acoso laboral, tanto en el sector público como en el privado.
POR Juan José Herrera | 17 de agosto de 2026, 9:10 AM
Amonestaciones, suspensiones, despidos e inhabilitaciones son parte de los castigos que se aplicarían, tanto en el sector público como privado, a quienes cometan acoso laboral.
Así lo propone el diputado y jefe del Frente Amplio, José María Villalta, en un proyecto que elevaría a rango de ley la prevención y sanción del acoso laboral en Costa Rica.
La propuesta, que recoge el espíritu de un proyecto presentado en el cuatrienio 2018-2022 y que se archivó por vencimiento recientemente, crea un amplio marco normativo para abordar esta conducta que actualmente es sancionada según los criterios de cada empresa o institución.
"En Costa Rica, si bien existen disposiciones generales que permiten abordar algunas manifestaciones del acoso laboral, todavía no se cuenta con regulación especial que lo prevenga, atienda y sancione de manera integral y eficaz.
"Este vacío normativo subsistirá mientras no se apruebe una ley que, desde la protección de los derechos fundamentales, establezca mecanismos claros para prevenir, investigar y sancionar estas conductas dentro del régimen jurídico con una costarricense", justifica la iniciativa.
La propuesta define las responsabilidades de los patronos y trabajadores en esta materia, así como las garantías concretas para los procesos de denuncia, trámite y sanción según la gravedad de los hechos.
Además, asigna competencias institucionales específicas al Ministerio de Trabajo y refuerza la protección de la persona denunciante frente a represalias, tratos discriminatorios o despidos injustificados.
De la mano con una regulación explícita del procedimiento que garantice el debido proceso, la propuesta también sienta responsabilidades sobre los encargados de evaluar denuncias contra jefaturas privadas o jerarcas de la función pública, incluidos puestos de elección popular como diputados, alcaldes o regidores.
Si se prueban los hechos, las personas acusadas se exponen a una amonestación escrita; suspensión sin goce de salario hasta por ocho días (sector privado) o un mes (público).
Los responsables también se exponen al despido sin responsabilidad patronal en casos más severos y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por tres años en el caso del sector público.
En el caso de los diputados, se proponen sanciones éticas; mientras que para los puestos de elección municipal, las sanciones tendrían como extremo la pérdida de las credenciales.
El proyecto también establece agravantes en caso de reincidencia e indemnizaciones por daño moral.
De igual forma, se castigaría a los patronos o instituciones públicas que, aprobada la ley, no la apliquen.
La propuesta deberá ser asignada a comisión para iniciar con su análisis y eventual votación.