El abandono de rutas de buses no es un fenómeno que afecte a todos los rincones del país por igual: así lo demuestra un análisis hecho por Teletica.com, que reveló una concentración del fenómeno en los cantones más pobres del país.
Una de cada cuatro rutas abandonas recorre un cantón cuyo índice de pobreza está entre el 10% más alto del país. Por ejemplo, Guatuso tiene ocho rutas de buses registradas ante el Consejo de Transporte Público en esta condición.
Upala y Los Chiles registran cuatro rutas cada uno, mientras que Coto Brus tiene tres. En el caso de Turrialba, Sarapiquí, La Cruz y Buenos Aires, cada uno de los territorios suma dos rutas abandonadas, para un total de 27.
Todos estos territorios están entre el 10% más pobre del país, según el Índice de Pobreza Multidimensional Cantonal 2024, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Lo que ocurre en estas comunidades tiene especial relevancia porque es un fenómeno generalizado; únicamente uno de los nueve cantones que encabezan la medición elaborada por PNUD no tiene alguna ruta en abandono.
En la lista destaca Los Chiles. Este es el cantón más pobre del país, según el Índice, y en este territorio hay rutas que recorren el centro, así como otras que conectan comunidades en la frontera norte, Santa Fe, La Unión, Gallo Pinto, El Amparo, entre otras que están incluso a 30 kilómetros o más unas de otras.
Al ir más allá, es posible determinar que el 70% de las rutas en abandono circulaban en cantones que se ubican a la mitad o más arriba de la lista en el índice de Pobreza.
La zona norte de Alajuela encabeza la lista. San Carlos registra nueve rutas abandonadas, es el cantón con la cifra más alta. Guatuso están en segundo lugar. Nicoya ocupa el tercer puesto con siete rutas y Tilarán el cuarto, con seis rutas.
Semanas atrás, vecinos de comunidades rurales de Guácimo, Duacarí y otras regiones de Limón externaron lo complejo que resulta el desarrollo de sus actividades económicas, sociales, educativas y de salud cuando el transporte público desaparece.
Lliana Ruiz, vecina de Irlanda de Guácimo, explicaba a un equipo del programa 7 Días, que para garantizar el viaje de su hijo a la universidad tenía que pagar hasta 20 mil colones a un vehículo privado para que llegue hasta Guápiles.
Esta madre aseguró que se ha vuelto una tarea titánica conseguir el dinero y seguir cumpliendo con el resto de obligaciones financieras, todo esto en medio de una comunidad a más de 20 kilómetros del centro urbano más cercano. Ella considera que su hijo no puede faltar a la universidad, porque es la forma en la que podrá construir un mejor futuro para él mediante la educación.
Casos como este es el son los que han sustentado en varias ocasiones el criterio de la Defensoría de los Habitantes, en el que considera el acceso al transporte público un derecho fundamental.
"La movilización de las personas está estrechamente vinculada con el derecho
fundamental a la libre circulación, reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución Política; además, es esencial para el ejercicio de derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud", decía la Defensoría en un informe enviado al Consejo de Transporte Público, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Policía de Tránsito y Aresep desde inicios de 2024.
Para el ente, el transporte público eficiente y de calidad es clave para favorecer condiciones de equidad en territorios tradicionalmente excluidos e incluso ha expuesto que “se reconoce como un medio para alcanzar una vida digna”.
Porque cuando el dinero no alcanza para pagar el transporte informal, aparecen escenarios como el que vive Rafael Torres, un adulto mayor de 83 años, vecino de Duacarí de Guácimo, que camina entre ocho o diez kilómetros cuanto tiene que ir a una cita médica.
"A veces, si algún conocido me ve, me trae en la moto. Si no, hay que caminar", dijo al equipo de '7 Días' que visitó la comunidad, semanas atrás.
Los testimonios reflejan las consecuencias para el progreso y la calidad de vida de una comunidad sin acceso a un servicio básico.
"En las zonas rurales y más alejadas del país es tan grave como que en este momento no esté llegando el agua potable o la energía eléctrica. [...] Entendamos que esto es un sistema de transporte público, no fue pensando ni debería verse como un servicio de transporte provincial o básicamente donde hay demanda. Debe ser un servicio para todos los involucrados en el territorio", señaló Bernal Rodríguez, presidente de Canabus.
Para construir el análisis se tomó como insumo la lista oficial de rutas en condición de abandono proporcionada por el Consejo de Transporte Público vía correo electrónico a Teletica.com, el 18 de agosto.
Además, se utilizó la base de datos oficial del Índice de Pobreza Multidimensional Cantonal 2024, disponible en el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este índice va más allá del ingreso de los hogares, porque toma en cuenta variables como la desigualdad, el acceso a servicios de salud, a vivienda, a seguro social, entre otros criterios.
Se clasificó cada ruta bus según el cantón de inicio y final de recorrido, para luego correlacionar cada cantón con su clasificación, según lo calculado en el índice.
Mediante cálculos estadísticos se determinaron los deciles del índice y se agruparon los cantones a través este método.
Orlando Ramírez, representante del sector ante el Consejo de Transporte Público, asegura que hay que cambiar por completo la forma de calcular tarifas para que sea atractivo recuperar rutas abandonadas.