Horas después de que el Banco de Costa Rica, el Nacional y el Popular informaran su renuncia “inmediata e irrevocable” a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la entidad anunció ahora su rechazo contundente al proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras formales a indeminizar a sus clientes que sean víctimas de estafa.
En un tercer pronunciamiento público, la ABC dijo que el texto votado el pasado miércoles es “desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no responde al combate estructural del crimen organizado detrás de las estafas electrónicas”.
Al mismo tiempo, lamentó la decisión que adoptaron los bancos públicos, que señalaron las contracciones entre las primeras dos posturas de la ABC y el impacto reputacional que esto, según ellos, tuvo en las diferentes entidades asociadas.
“La ABC lamenta profundamente la decisión adoptada por el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio. Estas instituciones han representado históricamente una parte sustantiva del Sistema Bancario Nacional y han sido actores clave en la construcción de posiciones técnicas conjuntas orientadas a resguardar la estabilidad financiera del país y la confianza en el sistema bancario costarricense”, dijo la Asociación.
Antes, las gerencias de los bancos acusaron a la ABC de haber generado “una percepción de respaldo sectorial” al proyecto de ley, cuando lo cierto es que los bancos han sido opositores de la propuesta desde el primer día.
“Nuestra permanencia en la ABC no es compatible con los principios de responsabilidad, rigor técnico y coherencia comunicacional que deben regir la actuación de la banca pública costarricense”, justificaron los gerentes en su carta de renuncia.
La ABC aseguró que continuará participando activamente en el debate técnico del proyecto basado en una discusión que, entre otras, “preserve la confianza en el sistema financiero y permita enfrentar con mayor contundencia las redes de fraude”.
Las gerencias generales de las entidades criticaron las declaraciones iniciales de la Asociación, que calificó el proyecto como “balanceado y justo” y un “avance significativo” a pesar de la férrea oposición de los bancos.