Tres bancos renuncian a la ABC por respaldo a ley para indemnizar a víctimas de estafa
Las gerencias generales de las entidades criticaron las declaraciones iniciales de la Asociación, que calificó el proyecto como “balanceado y justo” y un “avance significativo” a pesar de la férrea oposición de los bancos.
Las gerencias generales del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular anunciaron este viernes su renuncia “inmediata e irrevocable” a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
En una carta enviada a la Junta Directiva de la ABC, criticaron el respaldo que emanó de la entidad al proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras formales a indemnizar a sus clientes en caso de ser víctimas de estafa.
“Las declaraciones iniciales difundidas por la vocería de la Asociación, que calificaron el texto como 'balanceado y justo' y como un 'avance significativo', generaron ante la opinión pública y los tomadores de decisión, una percepción de respaldo sectorial a una iniciativa que, conforme a análisis técnicos, serios y responsables, tiene implicaciones negativas directas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y, paradójicamente, para la protección efectiva de la ciudadanía”, dice el pronunciamiento conjunto de los bancos.
Efectivamente, la ABC emitió un pronunciamiento inicial en ese sentido y más tarde un comunicado de prensa en el que, por el contrario, aseguraba que el texto votado no solucionaría el problema de las estafas ni la presunta participación del crimen organizado en estas.
“Si bien horas después se emitió un segundo comunicado que matizó esa posición, el daño reputacional ya estaba consumado. La contradicción pública, ampliamente recogida por los medios de comunicación, afectó la credibilidad del sector bancario, debilitó la claridad del mensaje técnico y expuso a las entidades —en particular a la banca pública— a cuestionamientos injustificados por parte de la ciudadanía, autoridades y usuarios”, añadieron las gerencias.
Los bancos, entre otras, defendieron que el proyecto tiene serias contradicciones que generan “un desequilibrio violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad”.
Además, lo calificaron como “arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica”.
“La ABC, como instancia gremial, tiene la responsabilidad de emitir posiciones claras, coherentes y técnicamente consistentes, especialmente en temas de alta sensibilidad social y política. Cuando esa responsabilidad se incumple, se compromete no solo la imagen de la Asociación, sino también la de las entidades que la integran.
“Por las razones expuestas, consideramos que nuestra permanencia en la ABC no es compatible con los principios de responsabilidad, rigor técnico y coherencia comunicacional que deben regir la actuación de la banca pública costarricense”, finaliza la misiva.
Este medio contactó a la ABC en busca de una reacción, pero a esta hora no ha obtenido respuesta.

