La Oficina del Consumidor Financiero lanzó un llamado urgente a la población para informarse adecuadamente antes de optar por un proceso concursal, es decir, declararse en insolvencia.
La advertencia surge en medio de un aumento de publicaciones en redes sociales que presentan esta alternativa como una “salida fácil” para dejar de pagar deudas.
Sin embargo, la realidad es distinta. Los procesos concursales son procedimientos judiciales complejos, diseñados para personas que enfrentan una crisis económica grave y sostenida, no una situación temporal. No se trata de una solución automática ni mucho menos garantizada.
Además, no cualquier persona puede acceder a este mecanismo. La ley exige demostrar una incapacidad real para cumplir con las obligaciones financieras, así como cumplir con una serie de requisitos formales dentro del proceso.
"Es un proceso judicial donde hay que buscar un profesional en derecho, hay que pagar sus honorarios y entender que la decisión pasa por un juez de la República que decide si procede o no", dijo Ernesto Solano, de la OFC.
A esto se suma un elemento clave: los costos. Iniciar un proceso concursal puede resultar caro, prolongado y sin garantía de éxito. Incluso, quienes opten por esta vía podrían terminar en una situación financiera más complicada. Esto se debe a que el proceso no elimina automáticamente las deudas, sino que ordena su pago bajo supervisión judicial y suspende temporalmente algunos cobros.
También existen consecuencias importantes. La persona será reportada con la peor calificación crediticia posible, lo que afecta de manera severa su historial y su relación futura con entidades financieras.
La Oficina del Consumidor Financiero también manifestó preocupación por la desinformación. Mensajes simplificados podrían provocar un aumento de solicitudes sin sustento real, lo que incluso podría presionar la capacidad de los juzgados.
Este escenario se da en un contexto preocupante: según la encuesta más reciente, los hogares costarricenses destinan en promedio un 34% de sus ingresos al pago de deudas. En el caso de los adultos mayores, el porcentaje es aún mayor.
Por ello, el llamado es claro: desconfiar de soluciones “milagro”, verificar si se cumplen los requisitos y tomar decisiones informadas antes de iniciar un proceso de este tipo.