Salud accede cambiar plazos de reglamento que obliga a gestionar basura por regiones

La ministra de Salud, Mary Munive, accedió modificar los plazos de su controvertido Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos, frente a las solicitudes de la Asamblea Legislativa y el sector municipal.

En una conferencia de prensa celebrada la mañana de este lunes, la jerarca firmó un texto que introduce cambios en los tiempos contemplados para las excepciones dispuestas en el decreto ejecutivo 44974-S.

Sin embargo, el documento pasó a la Presidencia de la República para su respectivo análisis. Luego, este deberá ser rubricado por el mandatario Rodrigo Chaves y, finalmente, deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta.

"Escuchen, este transitorio no es una carta blanca para que trasladen su basura a la región del Caribe ni la del Pacífico Central. Es una ventana de oportunidad para que puedan realmente buscar alternativas y gestionen sus residuos como su propia ley y sus propios planes tienen de alguna forma que hacerlo en sus cantones. Ya pasó todos los periodos de consulta, véanlo, todos ustedes, con dolor, pero lo firmo, porque de alguna u otra manera tenía otra expectativa para este año", expuso la también vicepresidenta.

El decreto en cuestión crea las regiones Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca, al tiempo que establece que el traslado de desechos en el territorio nacional debe cumplir simultáneamente con dos condiciones:

• Que se haga dentro de la región correspondiente, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
• Y que cuando sea necesario trasladar residuos sólidos ordinarios fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia hacia los parques ambientales no exceda los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. Si la distancia es mayor, deberán utilizarse estaciones de transferencia.

Tal situación ha provocado gran preocupación entre los ayuntamientos, en el tanto que los rellenos sanitarios de la Gran Área Metropolitana (GAM) están próximos a agotar su vida útil, mientras que los residuos generados crecen día con día.

Actualmente, el país cuenta con solo siete botaderos autorizados. La mayoría de estos son pequeños y reciben menos de 300 toneladas de residuos al día, cantidad suficiente únicamente para atender las necesidades de sus propias regiones.

Pero en la Gran Área Metropolitana se concentran los dos rellenos más importantes del país. El relleno sanitario de Aserrí recibe alrededor de 2.100 toneladas diarias y tiene una vida útil estimada de 11 meses, con un posible cierre en setiembre de 2026. Por su parte, el relleno de La Uruca de San José, recibe cerca de 500 toneladas diarias y su vida útil está prevista para vencer en marzo o abril de 2026.

Si esos rellenos dejan de operar y los residuos se trasladan a otros sitios, Munive proyecta que se acelerará el colapso de los botaderos restantes.

A modo de ejemplo, la jerarca indicó que si las 500 toneladas diarias de La Uruca de San José se envían al relleno de Limón, este pasaría de recibir 200 a 700 toneladas por día, lo que reduciría su vida útil de más de 15 años a solo 4 años. De igual forma, si 1.000 toneladas diarias de Aserrí se trasladaran al relleno de Montes de Oro, la vida útil de este relleno se reduciría en un 40%, pasando de más de 8 años a menos de 5 años.

Precisamente, el Reglamento de Regionalización imponía multas a los municipios que incumplieran con el desecho por sectores.

La ministra insiste en que el traslado de residuos entre botaderos no soluciona el problema, sino que agrava la crisis y genera un efecto dominó que pone en riesgo el sistema de manejo de residuos a nivel nacional.

Para la titular, tal situación implicaría, además, una mayor congestión en carreteras, un aumento en los costos de transporte, mayor presión social en las comunidades receptoras y competencia entre cantones por espacios para disponer su basura.

Munive insistió en su llamado al Congreso para que de trámite y aprueba el proyecto de ley 25.271, para la construcción de un gran biodigestor capaz de procesar unas 800 toneladas diarias de residuos de la Región Central para generar electricidad, así como abrir la puerta a nuevas tecnologías para el manejo de la basura.

"Tenía la expectativa de que los diputados de la República se pusieran a trabajar, generaran una ley, nos dieran las herramientas para poder tener no solamente la forma de resolver esto y no estarles presentando problemas, sino también se presentó otro proyecto de ley, un proyecto de ley que nos dice: 'Vean, tienen este problema, nosotros les pagamos con nuestro dinero, les hacemos una solución, un biodigestor para que este 50% de basura orgánica que produce la basura orgánica en la Gran Área Metropolitana se pueda gestionar'. Y nuevamente no, no pasó. Y ahí todos a vacaciones y no pasaron ninguna ley".

Anteriormente, el Parlamento también archivó el plan de Ley para el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de residuos sólidos (24.251), que fue el que inicialmente promovió el Gobierno de la República para buscar una salida a la crisis.

Este medio solicitó una copia del texto firmado por Munive, para conocer los alcances de los cambios, pero su oficina de prensa indicó que el documento no estará disponible hasta su publicación en La Gaceta.

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