2026 llega con la amenaza del colapso de rellenos sanitarios en la GAM

Colaboró el periodista Juan José Herrera.

El año nuevo trae a Costa Rica un escenario crítico: el posible colapso de los rellenos sanitarios que hoy reciben la mayor parte de la basura del país.

A pesar de que el Ministerio de Salud, la Asamblea Legislativa y las municipalidades coinciden en que el tiempo se agota, parece que las soluciones todavía están lejos.

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, recientemente alertó que el basurero de La Carpio está en proceso de cierre, por lo que dejaría de recibir residuos entre abril y mayo de este año.

Mientras ello ocurre, el otro gran relleno que queda en la Gran Área Metropolitana (GAM), el de El Huaso, en Aserrí, redujo de forma acelerada su vida útil. Según la jerarca, hace apenas seis meses se estimaba que este basurero tenía tres años de operación por delante. Sin embargo, el aumento en la generación de residuos y la desviación de desechos desde otros puntos del territorio nacional redujeron ese plazo a solo 11 meses.

"Si seguimos este paso para setiembre ya no vamos a tener rellenos sanitarios a nivel de la Gran Área Metropolitana y eso hace que empecemos ya un efecto dominó que ha empezado a trasladar los residuos a otras partes del país en donde acortamos la vida útil de la periferia", explicó Munive.

Ante esto, la titular hizo un llamado directo a la población a reciclar de forma obligatoria, reducir la cantidad de desechos y aprovechar opciones como centros de reciclaje y composteras comunales.

La vicepresidenta también pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley 25.271, que permitiría construir un gran biodigestor capaz de procesar unas 800 toneladas diarias de residuos de la región central para generar electricidad, así como abrir la puerta a nuevas tecnologías para el manejo de la basura.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, Katherine Moreira, replicó que el país no está paralizado por falta de trabajo legislativo, sino por problemas de coordinación.

Aseguró que el plan de Ley para el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de residuos sólidos (24.251), que fue el que inicialmente promovió el Gobierno de la República para buscar una salida a la crisis, ya cuenta con dos textos sustitutivos, uno de ellos elaborado junto con asesores de la propia cartera.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) agregó que más del 90% del texto coincide con la propuesta del ministerio, y que los puntos en discusión responden a criterios técnicos y constitucionales, como el respeto a la autonomía municipal y la necesidad de que Salud cuente con capacidades reales antes de asumir nuevas funciones.

Sin embargo, la congresista también cuestiona la ausencia de la cartera en las mesas de trabajo celebradas y lanzó un llamado a Munive para que acuda y siente a dialogar junto a otros actores, como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrón) y la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), entre otros.

De igual forma, la parlamentaria señaló que el expediente 25.271 es más “una iniciativa de largo plazo en temas de valorización energética”, que una solución inmediata a la crisis.

"Costa Rica ya no tiene tiempo para más retrasos. Estamos listos para avanzar con un proyecto sólido, constitucional y técnicamente viable. Lo que falta es voluntad para sentarnos todos en la misma mesa”, señaló Moreira.

Por su parte, el alcalde de San José, Diego Miranda, reconoció que la situación actual no le es extraña al sector municipal, como sí lo es el estudio preparado por la autoridad sanitaria, que se dio a conocer el 25 de noviembre anterior.

A pesar de lo anterior, el gobernante local indicó que desde hace meses, él y otros 14 homólogos de la región central trabajan en una mesa conjunta para buscar soluciones, aunque saben que el grueso de las decisiones dependen de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por ejemplo, el jerarca municipal detalló que recientes decretos han dificultado licitaciones que su ayuntamiento ha pretendido lanzar. De ahí que ha habido algún tipo de negociación para atrasar la entrada en vigencia esas nuevas reglas, en especial la normativa de regionalización del desecho de residuos.

Miranda además advirtió que la crisis tendrá un impacto directo en el bolsillo de los vecinos. Al tener que llevar la basura fuera de la Gran Área Metropolitana, se suman nuevos costos de transporte y centros de transferencia. En el caso de San José, el precio por tonelada pasaría de ¢13.500 a más de ¢30.000, un aumento cercano al 300%, según el alcalde.

"La crisis sí es importante. Yo creo que los vecinos no solo de San José, sino de la Gran Área Metropolitana tienen que saber que vivimos en una crisis porque ya no hay dónde disponer los residuos cerca de la Gran Área Metropolitana, y eso lo que va a hacer es aumentar los precios de las tarifas que las municipalidades tienen que cobrar para los servicios que damos, en este caso sobre todo los servicios de relleno sanitario", amplió.

En esa línea, el gobernante local apuntó que existen dos proyectos para nuevos rellenos en la región central, pero reconoció que ninguno parece estar cerca.

También insistió en que iniciativas como los biodigestores solo son viables si varios municipios se unen, ya que una sola no genera el volumen de desechos necesario para que una iniciativa como la pretendida por el Gobierno sea rentable.

Para el jerarca municipal, el colapso es prácticamente inevitable si no se toman decisiones de Estado, no sin antes insistir en que la gestión de residuos no puede seguir resolviéndose de forma aislada, cantón por cantón.