El 7 de octubre pasado, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José concedió la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos. Aquello le fue comunicado al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública en medio de un juicio que enfrentaba paralelamente por aparente uso de documento falso.
Contra esa decisión, el también exfiscal y su defensa técnica interpusieron una apelación, que a esta altura del partido ya tenía que haber sido resuelta. Pero eso parece estar lejos.
Todavía a este miércoles, 37 días después, el plazo que tiene el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José ni siquiera ha empezado a correr.
"El tribunal que inicialmente se constituyó para conocer el recurso de apelación, de los tres jueces que integraban ese tribunal, dos cojueces se inhibieron de conocer la causa. La primera, quien es la esposa del exmagistrado don Carlos Chinchilla, decidió separarse de manera voluntaria de conocer la causa. Esto por el vínculo que existía entre su esposo y don Celso Gamboa en el tiempo que ambos fueron magistrados y compartieron estrados en la Sala Tercera.
"Y existía un segundo cojuez que ha integrado de manera suplente en diferentes tribunales de apelación, incluso en tribunales ordinarios, que en varias ocasiones había coincidido con don Celso. Pero en lo particular, él se inhibió porque recientemente compartió estrados judiciales con don Christian Fernández. Don Christian es el esposo de doña Natalia Gamboa, la otra defensora de don Celso, quien además es la hermana de don Celso", explicó en entrevista con Teletica.com el abogado del exjerarca, Michael Castillo.
Los decisores que consiguieron separarse del conocimiento del expediente 25-00071-0016-PE son Francini Quesada y José Asdrúbal Quirós. Dicha sumaria es la asignada al requerimiento de Estados Unidos contra Gamboa y otros, por aparente tráfico internacional de drogas.
Pero la cosa no queda ahí. Luego de que estos juzgadores fueran separados, se nombraron sus suplentes.
"Se volvió a dar una segunda integración en esta causa particular. Se mantuvo el juez titular, que es el licenciado Gustavo Gillén, y se renombró a la licenciada Rosaura Chinchilla y a la licenciada Isabel Solís. No obstante, esta última se inhibió", agregó el jurista.
Esta última alegó —según Castillo— porque le correspondió resolver una apelación presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) contra la primera absolutoria que el magistrado recibió en la causa 17-000039-0033-PE, en la que se juzgó a Gamboa, al exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith por presunto tráfico de influencias.
Dicho recurso fue admitido, la resolución del 24 de marzo de 2021 fue anulada y los tres imputados tuvieron que afrontar un segundo debate. El mismo culminó el 13 de agosto anterior, de nuevo con una absolutoria.
"En esta segunda ocasión, el tribunal, ya conformado por el licenciado Gillén y la licenciada Chinchilla, rechazaron la inhibitoria y fue notificada el rechazo a la inhibitoria a partir del martes de esta semana.
"Por consiguiente, la cojueza tendría tres días para presentar un recurso revocatoria sobre esa decisión. Nos encontramos dentro del plazo. Apenas tenemos un día de que fue notificada esta resolución y, por consiguiente, el plazo todavía para que entren a conocer por el fondo no ha iniciado", comentó el defensor.
Así las cosas, la representación legal de Gamboa cree que será hasta el lunes que empiecen a contabilizarse los 15 días hábiles que tiene el órgano jurisdiccional para resolver la apelación.
El recurso presentado por Gamboa y Castillo gira alrededor de siete motivos, resumió este último.
Los alegatos incluyen desde la ausencia de fundamentación, supuestas violaciones al derecho de defensa y al debido proceso, la aplicación retroactiva de normas, la falta de indicios, además de una violación al principio de soberanía.
Para el abogado, el recurso es “fuerte” y “robusto”, por lo que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal tendrá que tomarse su tiempo para analizarlo.
El defensor de igual forma señaló que espera que el órgano jurisdiccional les conceda una vista oral para que puedan exponer las razones por las que cree que debe acogerse la apelación y, consecuentemente, anularse la extradición.