Rector de UCR declara como ofendido en investigación por toma de la Rectoría

Las investigaciones por los presuntos delitos de daños y coacción tras la toma de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) continúan avanzando.

Este miércoles, el rector de la UCR, Carlos Araya, se presentó en los Tribunales de Goicoechea para rendir declaración en calidad de ofendido dentro de las pesquisas relacionadas con la ocupación del edificio administrativo, ocurrida el pasado 22 de abril.

El Ministerio Público confirmó que mantiene abierta una causa por el presunto delito de daños, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un supuesto caso de coacción. Ambos expedientes se tramitan, de momento, contra persona ignorada.

"Venimos, como corresponde, a hacer de conocimiento de las autoridades judiciales lo acontecido durante el proceso de la toma y los daños que se generaron al edificio como tal. En esto quisiera ser muy enfático, en la UCR no criminalizamos la protesta, consideramos que la protesta social es un acto válido (...); no obstante, no podemos confundir la protesta social con lo acontecido durante el proceso de la toma, que generó daños y perjuicios patrimoniales a la institución", dijo el rector a un equipo de Telenoticias.

Como parte de las diligencias, la Universidad de Costa Rica entregó al OIJ grabaciones de cámaras de seguridad captadas durante la ocupación de las oficinas.

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Paralelamente, el Consejo Universitario modificó su posición inicial y ahora solicita que se apliquen acciones administrativas y legales para determinar eventuales responsabilidades por los hechos ocurridos entre el 22 de abril y el 13 de mayo.

La decisión se fundamenta en un informe preliminar de Rectoría que señala posibles afectaciones a la infraestructura y al patrimonio institucional.

"El atentar contra el patrimonio de la institución, contra el edificio, el que se desaparezcan objetos, sin duda alguna, eso no es protesta; por eso venimos a los Tribunales a poner de conocimiento, para que se tomen las medidas que las autoridades judiciales consideren oportunas", agregó Araya.

Según datos de la universidad, los daños ascienden a aproximadamente ₡37 millones. A esa cifra se suma cerca de ₡1,4 millones por la pérdida de objetos personales dentro de la Rectoría.

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