La reincidencia delictiva en Costa Rica se triplicó en los últimos tres años. Según cifras del Ministerio de Justicia y Paz, el porcentaje de personas sentenciadas con una condena firme previa pasó de 11,5% en 2023 a 36,3% en 2026.
Con corte al 3 de julio de 2026, se registran 5.424 personas reincidentes de un total de 14.943 sentenciados. Es decir, actualmente uno de cada tres sentenciados en el país ya tenía una condena firme previa, frente a poco más de 1 de cada 10 que se registraba en 2023.
El repunte ocurre mientras el Poder Ejecutivo impulsa en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones contra la reincidencia delictiva.
Este fenómeno mostró un comportamiento irregular entre 2015 y 2022, con cifras que oscilaron entre 13,9% y 32,5%. En 2023, el país tocó su punto más bajo de la década (11,5%), pero al año siguiente la cifra se disparó a 38,3%, el salto más pronunciado de toda la serie histórica.
Ese salto entre 2023 y 2024 no se explica únicamente por un aumento en la cantidad de personas sentenciadas. En ese periodo, el total de sentenciados creció cerca de un 7%, al pasar de 12.365 a 13.217 personas, mientras que los reincidentes se multiplicaron por 3.5, al pasar de 1.423 a 5.063.
Tal como muestran los datos de la Unidad de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz:
A la par de ese comportamiento, la cantidad total de personas sentenciadas también ha crecido de forma sostenida: en los últimos diez años aumentó en 3.010 personas, hasta alcanzar su cifra más alta en el corte de 2026, con 14.943 sentenciados.
El acumulado de registros de personas sentenciadas permite dimensionar el perfil de quienes ingresan al sistema judicial y cómo se distribuyen sus expedientes. Según el corte más reciente, el registro de personas con condena se distribuye así:
A esto se suma que, según el registro de población privada de libertad, 5.424 personas tienen al menos un antecedente penitenciario y actualmente descuentan una segunda sentencia en firme, es decir, reingresaron al sistema después de haber cumplido una pena anterior.
Según el artículo 39 del Código Penal, la reincidencia técnica solo aplica cuando una persona comete un nuevo delito después de haber sido condenada por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, y excluye los delitos políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría de edad penal.
Un proyecto para endurecer sanciones
La propuesta de ley, presentada por la presidenta Laura Fernández bajo la consigna de acabar con la "alcahuetería penal", se inspira en casos como el del oficial Gerson Rosales, asesinado por un sujeto con 29 detenciones previas.
Entre las principales medidas, la iniciativa plantea penas más severas con una escala progresiva para quienes vuelven a delinquir, además de la eliminación de beneficios carcelarios en delitos graves como homicidios, femicidios o narcotráfico.
Asimismo, el plan introduce la prisión preventiva directa, que permitiría a los jueces ordenar el encierro inmediato de un sospechoso utilizando su historial delictivo como argumento clave.
El proyecto de ley se encuentra actualmente bajo análisis y discusión por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa.