En medio de críticas que han resonado tanto en la Casa Presidencial como en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, defiende el alquiler del edificio que actualmente sirve de sede al alto tribunal y asegura que a este se le da un uso eficiente.
Durante una entrevista con Teletica, el magistrado calificó de falsas las afirmaciones relacionadas con la ocupación del inmueble y la razonabilidad del arrendamiento.
"No sé si la gente lo que quiere es que la Sala Constitucional sesione allá en el kiosco del Parque Nacional, pero nosotros requerimos condiciones y nuestro personal requiere condiciones especiales, no diferentes a las que tienen otras instituciones, para poder cumplir y poder sacar adelante una tarea que en este año va a representar más de 45.000 sentencias que se van a dictar por parte de la Sala Constitucional", afirmó el alto juez.
El contrato es por 12 años con Direct Communication S. A., arrendadora del edificio Impala. Inicialmente, por el edificio se debían pagar $102.000 mensuales, pero con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 3 de diciembre de 2018, el monto subió a $115.567 con lo respectivo por el impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Como parte de una solicitud de revisión del precio, planteada en 2023 por la propietaria del inmueble, se acordó un incremento en el monto hasta los $122.497 que se pagan mes a mes en la actualidad. Una parte de esto la cancela la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo), que ocupa el segundo piso.
Castillo enfatizó que, previo a ese aumento, se realizó un análisis del valor de mercado y una valoración técnica de la Sección de Arquitectura e Ingeniería, con los que finalmente el Consejo Superior avaló un incremento. No obstante, este fue de $15.977 menos que el pretendido por la empresa arrendadora.
A ese contrato le quedan por delante dos años y medio.
"Esperamos en Dios que en setiembre del año 2029 la sala esté en un edificio propio, porque no resulta justo para la justicia constitucional que tengamos casi ya 37 años de existencia. Tenemos 37 años de existencia y somo la única jurisdicción de toda la Corte Suprema de Justicia que no tiene edificio, porque antes estábamos arrimados en la Corte y teníamos dos órdenes del Ministerio de Salud, de órdenes sanitarias y órdenes de salud ocupacional, de que los trabajadores de la Sala Constitucional estaban hacinados", señaló el magistrado.
Se proyecta que el nuevo edificio tendrá un costo de aproximadamente $30 millones. Ese financiamiento está asegurado, con independencia de los recortes que el Ministerio de Hacienda pretende aplicarle al Poder Judicial tanto en 2026 como en 2027.
El inmueble —que se levantará en un lote diagonal a la sede de la Corte— será amigable con el ambiente y tendrá previsiones para una eventual expansión de la jurisdicción.
El otro blanco de críticas ha estado relacionado con la ocupación de la sede de la Sala Constitucional.
Fernando Castillo sostuvo en su conversación con este medio que, tras el estado de emergencia nacional por el COVID-19, se mantuvo un modelo híbrido, en el que parte del personal hace sus presenciales y virtuales.
"El modelo híbrido básicamente es que las personas están cuatro días teletrabajando y tienen que venir un día a la Sala Constitucional. El modelo que nosotros tenemos, precisamente, de un tribunal totalmente digitalizado, permite aplicar ese modelo", explicó el magistrado.
De esa forma, el alto juez rechazó que la ocupación del edificio sea del 20%. Aun así, Castillo reconoció que se llevan a cabo estudios para determinar si es posible ubicar un tribunal en el inmueble para "sacarle provecho".
El alto juez agregó que, además de los funcionarios, el edificio alberga los equipos de cómputo que dan soporte a una digitalización total del tribunal.