Un acceso no autorizado de una farmacéutica al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de una paciente derivó en aparentes “llamadas mortificantes” por parte de un tercero.
En esos intercambios telefónicos se hacían referencias a diagnósticos suyos, así como de sus dos hijas, narró la mujer —cuya identidad será reservada— a Teletica.com.
"Inicialmente, se dan llamadas mortificantes donde exponen parte de lo que se ve en el expediente. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo esta persona tiene acceso a mi información? Si eso solo lo tengo en la Caja (Costarricense de Seguro Social - CCSS). Entonces es cuando yo solicito al Hospital San Vicente Paul el ingreso de las personas a mi sistema y damos con que esta persona (la funcionaria) está ingresando a mi sistema y no solo al mío, sino al de mis hijas menores de edad también.
"Entonces yo me doy cuenta a raíz de eso, porque otra persona, una tercera persona, empieza a llamarme, a mandarme mensajes, donde expone esta información. Y en esta situación se da la vulneración, empiezas a recibir llamadas", contó la afectada.
Producto de esta situación, la mujer planteó una serie de gestiones, entre ellas, una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que se tramita bajo el expediente 24-003956-1027-CA. La sumaria aparece en trámite en el Sistema de Gestión en Línea de la Corte Suprema de Justicia, según lo pudo constatar este medio.
El abogado de la paciente, Óscar Calvo Calderón, explicó que el fin de ese proceso es poner un freno al “uso indiscriminado” de la plataforma por parte de los profesionales de salud.
"Toda esta situación causa que me vea expuesta ante terceras personas con la información que se supone que es privada. Si la misma Caja te dice que es una información privada, solo tiene acceso tu médico tratante, y que otra persona está accediendo a tu sistema, en el cual ese día yo ni siquiera tuve consulta, el día que ingresaron al de mis hijas tampoco ellas tuvieron consulta.
"Entonces me veo expuesta, me veo violentada de cierta manera, que esta persona no solo accediera, sino que distribuyera esa información con el fin de hacer daño, porque realmente yo me sentía mal de que supiera eso, y no solo eso, que la utilizara la información para llamar a mis hijos que tienen una condición de autismo, como enfermos mentales, que empezara a hacer burlas y ofensas con respecto a su situación médica. Yo como mamá, ¿cómo me puedo sentir? Ver que no puedo como resguardar a mis hijos de esta forma, porque esta situación se ve expuesta ante los demás, donde utilizan estas informaciones como si no fuera nada", comentó la mujer.
Calvo Calderón explicó que la funcionaria en cuestión trabaja en el Hospital San Juan de Dios (HSJD) y accedió sin causa médica autorizada ni administrativa al expediente de su clienta y sus dos hijas menores de edad.
El objetivo de esos ingresos, sostiene el jurista, era “saciar” intereses personales de la servidora y un familiar.
"Aquí es importante saber que los funcionarios públicos son responsables, pero también el Estado es responsable de las actuaciones que ellos cometan", mencionó el abogado.
Sobre este caso particular se solicitó una posición a la oficina de prensa de la Caja de Seguro Social desde el 14 de julio pasado, pero al cierre de esta publicación no se ha recibido respuesta.
También se pidió desde el 4 de ese mes una entrevista con la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor Hernández, sin que a la fecha la misma haya sido coordinada.