Lejos quedaron los códigos de otros años. En su lugar, prevalecen ahora los señalamientos solapados, intentos de desestabilización y las vaticinaciones de que las diferencias no podrán resolverse de ninguna manera.
Ese es el marco en el que se celebra la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.
Al cabo de la segunda mesa de negociación del presupuesto universitario del año entrante, los protagonistas dejaron ver todas sus asperezas. Casi ni se preocuparon por disimularlas.
Primero fue el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien cuestionó la filtración a la prensa de la propuesta que él y la comitiva gubernamental habían presentado poco antes en un diálogo a puertas cerradas con los rectores de las universidades y la representación estudiantil, en la llamada Comisión de Enlace. Incluso, indicó que ese tipo de situaciones ponen en entredicho la confianza que debería tener un espacio de diálogo como ese.
La propuesta giraba alrededor de un plan de gastos por ¢596.451 millones, idéntico al de 2026; es decir, sin un crecimiento nominal. Pero desde el Poder Ejecutivo insisten en que el planteamiento contempla un crecimiento real de 2,67% (equivalente a ¢16.000 millones), si se considera la deflación.
A medida que avanzó en su exposición, el jerarca ahondó en otros señalamientos a las casas de enseñanza. Por ejemplo, dijo que en los últimos años la matrícula ha venido a la baja y apuntó un estancamiento en materia de becas.
La respuesta de su contraparte, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, no se hizo esperar.
El rector de la Universidad Nacional (UNA) rechazó que desde las instituciones educativas se hiciera alguna filtración a los medios y rebatió los datos tanto sobre matrícula como de becas, incluso afirmándose que "no es cierto" lo indicado por Sánchez.
Para rematar: un no rotundo de las universidades a la propuesta de la administración de Rodrigo Chaves, por considerar que esta no se ajusta al desempeño de las casas de enseñanza ni a la creciente demanda de formación de talento humano.
Herrera también lamentó que se usara la inflación para calcular los costos de las universidades y, además, se dejara de lado la posibilidad de que la inflación se dispare producto de crisis como la que ocurre en Medio Oriente.
Ahora será el turno de las universidades. El 21 de abril próximo, el Consejo de Rectores hará una contrapropuesta al Gobierno.
Leonardo Sánchez insistió en que su planteamiento es "razonable", pero aseguró que escuchará lo que las casas de enseñanza tengan que decir.
No obstante lo anterior, cuando llegaron los cuestionamientos de la prensa y se abandonó el formato de conferencia, el tono del ministro cambió.
"Si no llegamos a un acuerdo entre las partes, esto definitivamente pasará a la Asamblea Legislativa. Como usted bien lo indica, por temas de tiempos, es muy probable que quien defina esto sea la siguiente Asamblea Legislativa. Es un tema de matemática simple, es muy probable", señaló Sánchez.
Y es que vale recordar que la nueva integración del Congreso entrará en funciones el próximo 1.° de mayo, con una bancada oficialista fortalecida y una oposición más débil.
Atrás quedó aquella versión que el jerarca dio en una entrevista con Teletica.com hace más de un año, en la que se decía esperanzado de llegar a acuerdos en relación con el Fondo Especial, para que no se repitiera ese evento histórico protagonizado por su antecesora, Anna Katharina Müller, en el que los diputados tuvieron que definir ellos el presupuesto de las casas de enseñanza por primera vez en la historia.
De aquel trámite histórico, quienes resultaron beneficiados fueron los rectores, pues el Parlamento se inclinó por conceder recursos adicionales a los que el Gobierno estaba dispuesto a conceder en las negociaciones.