El Consejo Nacional de Rectores (Conare) reaccionó este viernes a la moción presentada por un grupo de diputados oficialistas para investigar el manejo de los recursos públicos de las universidades estatales.
La entidad aseguró que estas instituciones ya se encuentran sometidas a diferentes procesos de control y rendición de cuentas, y expresó su respeto a las competencias de fiscalización y control político que tiene la Asamblea Legislativa, aunque recordó que estas deben ejercerse respetando la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política.
Ante la iniciativa, Conare sostuvo que las universidades no han evitado el escrutinio de las instituciones fiscalizadoras y afirmó que han atendido los procesos de control y las recomendaciones emitidas por los órganos competentes.
El presidente del Consejo y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera, aseguró que las casas de enseñanza superior mantienen un compromiso con el manejo eficiente de los fondos públicos.
“El compromiso de las universidades públicas es con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, afirmó Herrera.
Como parte de su respuesta, Conare detalló que las universidades presentan anualmente ante la Contraloría General de la República cuatro informes de ejecución presupuestaria, un informe de liquidación presupuestaria y dos informes de evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuestario. Además, cuentan con auditorías internas y pueden ser sometidas a auditorías especiales por parte del órgano contralor.
Sobre los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el Consejo indicó que también existen mecanismos de seguimiento y evaluación mediante los compromisos establecidos por la Comisión de Enlace y el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).
Finalmente, Conare hizo un llamado a los diputados para que cualquier discusión relacionada con el financiamiento y la gestión de las universidades públicas se desarrolle mediante un diálogo sustentado en información verificable.
"Respetamos y reconocemos el derecho que tiene la Asamblea Legislativa de pedir la rendición de cuentas a las distintas instituciones; sin embargo, solicitamos que este proceso de investigación se rija bajo un proceso transparente de diálogo, con información y, sobre todo, con decisiones basadas en evidencias", recalcó el presidente del Consejo.
La entidad les pidió a los diputados tomar en cuenta el impacto de las decisiones sobre la educación superior en el desarrollo del país.