Municipalidad de Garabito defiende legalidad del mirador de cocodrilos en Tárcoles

La Municipalidad de Garabito salió al paso de los cuestionamientos sobre la legalidad del mirador de cocodrilos ubicado en el río Tárcoles y aseguró que la obra cumple con toda la tramitología requerida, pese a la existencia de documentos oficiales que han generado confusión sobre su autorización.

La polémica surgió a raíz de dos documentos oficiales que se contradicen entre sí. Por un lado, el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indicó que no existía ningún permiso ni trámite aprobado para la construcción del mirador.

Sin embargo, en otro documento firmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se respalda la continuidad del proyecto.

En medio de estas versiones encontradas, la Municipalidad de Garabito afirmó que el proyecto sí cuenta con los avales necesarios y que, debido a su cercanía con el cauce del río, intervinieron varias instituciones en el proceso de revisión.

Desde el área técnica del gobierno local señalaron que la iniciativa fue sometida a una evaluación rigurosa, conforme a la normativa vigente.

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A criterio de la Municipalidad, la obra busca ordenar una actividad turística que durante años se realizaba de forma improvisada y en condiciones riesgosas, tanto para visitantes como para el entorno natural.

Telenoticias intentó obtener una posición oficial del SINAC, sin que hasta el momento se lograra concretar una entrevista. También se procuró la versión del operador del mirador, pero desde su oficina de comunicación indicaron que los voceros oficiales se encuentran fuera del país.

Mientras tanto, el mirador continúa operando y comienza a posicionarse como un nuevo atractivo turístico en la zona de Tárcoles.

Por su parte, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental confirmó a Telenoticias que abrió una investigación por presuntas irregularidades en una propiedad contigua al puente del río Grande de Tárcoles, donde se desarrolló la obra.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000052-0611-PE por los posibles delitos de invasión de área de protección y prevaricato.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se encuentra en una fase inicial, enfocada en la recolección y análisis de pruebas.

Por esta razón, y conforme a la legislación vigente, las autoridades indicaron que no pueden brindar mayores detalles ni ofrecer entrevistas en este momento.