Cada vez que se habla de los problemas de la educación pública costarricense, la infraestructura sale a relucir en ese debate.
Y no es para menos. Hasta 2025, 872 centros educativos arrastraban órdenes sanitarias, por problemas que van desde la falta de dispositivos necesarios para su operación —como puede ser un extintor— o daños que hacen imposible que en ellos se impartan lecciones.
Esa cantidad de casas de enseñanza representa poco menos de una quinta parte de las 4.575 que había habilitadas en el país para el año pasado.
Ahí radica la necesidad de desmenuzar una cifra tan significativa. Del total, el 55,4% cuentan con un proyecto asociado, lo que quiere decir es que por lo menos existe una solución en marcha o lista para ejecutarse.
Una situación distinta se tiene con 389 escuelas y colegios, sobre los que recaen disposiciones de parte del Ministerio de Salud y no se tiene si quiera definido de qué manera se pueden atender.
Es en ese último grupo que el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, tiene su vista fijada en sus últimos meses en el cargo; eso sempre que la presidenta electa Laura Fernández no se incline por mantenerlo cuando asuma el poder el 8 de mayo próximo, como parte de su promesa de dar continuidad a la administración de Rodrigo Chaves.
"Mi idea es que de acá a mayo esas 389 centros educativos tengan un proyecto asociado. Pero para que la gente entienda un proyecto asociado no quiere decir que vayamos a construir un centro educativo nuevo, porque la mayoría de las órdenes sanitarias son lo que nosotros catalogamos como órdenes sanitarias verdes o amarillas, que lo que tienen es algún problema estructural en alguna parte del centro educativo", indicó el jerarca en una entrevista con Teletica.com.
"Con esto yo no quiero decir que de aquí a mayo tengamos cero órdenes sanitarias. Lo que estoy diciendo es que ya tendría cada centro educativo con orden sanitaria un proyecto asociado. Que la orden sanitaria va a ir desapareciendo conforme vayamos ejecutando esos proyectos a lo largo de los meses", agregó.
Pero dentro de las casas de enseñanza que deben hacer mejoras, hay tres categorías: verde, amarilla o roja. Según el tipo, el nivel de gravedad de los problemas que presentan.
De los 872 casos, solo el 11,6% corresponden a escuelas y colegios con categoría roja. Esto implica que los estudiantes ni siquiera pueden recibir lecciones en las instalaciones, sino que tienen que hacerlo en aulas móviles, salones comunales o, incluso, en iglesias.
Normalmente, cuando la orden sanitaria encuadra en ese tipo, los daños son graves y, consecuentemente, la única solución posible es la construcción de un inmueble nuevo. Lo anterior implica que la respuesta tome más tiempo y recursos.
Pero dentro de los 101, solo 22 no tienen proyecto asignado. Esto quiere decir que, de los casos más graves, únicamente el 21,8% tiene pendiente ese plan.
El grueso de las disposiciones de Salud son de gravedad leve (faltante del curso de una cocinera sin curso de manipulación de alimentos) o media (reparaciones en sistema eléctrico, baños o paredes). Consecuentemente, sus soluciones son más posibles de materializar en máximo seis meses.
Pero de la mano con ese planteamiento, se requiere una fuerte inversión en infraestructura. Tal situación la contempló el propio Leonardo Sánchez en su plan estratégico presentado el 13 de junio de 2025.
De ahí que el presupuesto de la cartera para este año contempla una inyección para esta partida de ¢35.000 millones (80% más que la anterior partida de gastos). La mitad del total estará dirigida a la atención de órdenes sanitarias, según el jerarca.
A ello debe sumarse que, por primera vez en la historia, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con un rubro de "mantenimiento", a la que se le asignaron unos ¢5.000 millones.
"El problema que ha tenido la institución es estructural y es porque el país, desde hace dos siglos, pensó en la educación y generó centros educativos a lo largo y ancho del país. Por eso es que esos centros educativos hoy en día tienen 60, 70 o hasta 100 años muchos, pero nunca se les dio mantenimiento. El resultado de eso son órdenes sanitarias", apuntó el titular.
Pero de la mano con esos recursos dirigidos a la infraestructura y la planificación que se busca dar con la definición de proyectos para la atención de las disposiciones del Ministerio de Salud, se tienen otras fuentes de financiamiento de obra, como los recursos con los que ya cuentan las juntas de educación, transferencias del Instituto Costarricense de Desarrollo Rural (INDER) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), o un crédito por $150 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Tales inversiones permitieron construir o remodelar 685 centros educativos en los últimos años, así como asignar proyectos a otros 270 previstos para finalizar en 2026. En total, en lo que va de la presente administración se invitieron más de $400 millones y se alcanzó una disminución de 300 órdenes sanitarias.