POR Juan José Herrera | 21 de octubre de 2026, 16:47 PM

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, confirmó este miércoles la apertura de una investigación administrativa contra un agente de apellido Guzmán, sospechoso de meter un celular y un reloj inteligente al ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.

En medio de la conferencia de prensa semanal previa al Consejo de Gobierno, el jerarca respondió a una consulta de la prensa sobre el caso reportado el pasado 15 de octubre, cuando se confirmó la detención del oficial de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública (UEA-MSP) destacado en el mismo ámbito donde permanecen recluidos Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”.

“Aquí parece que se quiere descubrir el agua tibia. Hemos detenido a un montón de policías tratando de ingresar artículos electrónicos donde no deben ingresarlos.

“En el caso de él, se pasó al Ministerio Público; habrá que preguntarle qué trámite le dio la Fiscalía y el juez, porque es un proceso penal. En el parte administrativo yo no lo puedo despedir sin un órgano administrativo, estamos con el órgano administrativo”, respondió Campos.

La propia presidenta, Laura Fernández, pidió hoy que esa investigación permita "sentar las responsabilidades" y, si es el caso, despedir al funcionario.

"Hay una investigación que debe revisar todo lo que ocurrió ahí y sentar las responsabilidades y, si es el caso, el despido del funcionario, más el caso penal, porque es un delito; hay una ley que prohíbe meter celulares a las cárceles y todos los policías la conocen", añadió.

La Fiscalía de Alajuela confirmó que solicitó prisión preventiva contra el oficial; sin embargo, este quedó libre con medidas cautelares como firmar una vez a la semana, la prohibición para acercarse a funcionarios o testigos de la causa y una orden de mantener domicilio fijo.

El caso

La Policía Penitenciaria encontró, dentro de las pertenencias personales del custodio de apellido Guzmán, un celular y reloj inteligente, dos adaptadores de carga, cuatro cables, una batería portátil y un chip de telefonía.

Los artículos —con salvedad de uno— estaban dentro de un bolso tipo canguro en el espacio de pertenencias del oficial, según se desprende del informe JEF-1402-2026 rendido a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, al que Teletica tuvo acceso.

El reporte puntualiza que el citado lugar en el que se dio el hallazgo "se encuentra dentro de las instalaciones del centro penal, habiendo pasado los puestos de control".

Asimismo, detalla que "a raíz de información recibida", se volvió necesario hacer una revisión de los artículos personales del oficial, quien para ese momento prestaba servicios en el Centro Nacional de Atención Específica, más conocido como "Máxima Seguridad".

Una vez que Guzmán se presentó al sitio para la respectiva diligencia, los oficiales se percataron de que llevaba el reloj inteligente en el brazo izquierdo.

"Ante el hallazgo de los artículos descritos, se consultó a Guzmán sobre las razones por las cuales mantenía dichos dispositivos y accesorios electrónicos entre sus pertenencias personales. Al respecto, el funcionario manifestó que había olvidado que llevaba consigo esos artículos y que, por tal motivo, no los había reportado ni dejado bajo custodia en los casilleros ubicados en el puesto de control e ingreso del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero.

"Sobre este particular, el inspector Marcos Aguilar, en su condición de encargado del grupo policial de la UEA, indicó que los funcionarios policiales que prestan servicios de custodia en el centro penitenciario tienen conocimiento de que, al ingresar a dichas instalaciones, deben dejar bajo resguardo los artículos electrónicos personales que porten consigo, conforme a las disposiciones aplicables al ingreso y permanencia en el establecimiento. Asimismo, según lo informado por el inspector Aguilar, al consultar previamente al funcionario sobre si portaba artículos electrónicos, este manifestó que no llevaba ninguno consigo", reza el informe.

Sin embargo, el propio reporte recuerda que el ingreso de dispositivos electrónicos y accesorios de comunicación a las cárceles está sujeto a disposiciones de seguridad, control, autorización y registro.

Además, apunta que el artículo 257 quáter del Código Penal sanciona con hasta cuatro años de prisión la introducción ilícita de teléfonos y otros aparatos electrónicos a la modalidad cerrada.

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