Un médico que trabaja fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) presuntamente consultó sin autorización el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de una funcionaria judicial.
Luego —se sospecha— compartió la información con otra mujer, quien contactó a la servidora para increparla por una supuesta infidelidad con su esposo.
Así lo relató la propia afectada una semana después de que acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a presentar una demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por supuestos accesos no permitidos.
"Cuando esta mujer me escribe, ella me comienza a increpar, a decirme que es que yo ando con el esposo de ella. Yo le digo que no, que esto no es cierto, entonces al final yo no le respondo más los mensajes y, posteriormente, llamo a mi compañero a ver qué es lo que está pasando. Él me dice con mucha pena que sí, que la esposa le revisó el teléfono y confundió los mensajes, le dio otro razonamiento. Ella, entre las conversaciones que tienen, le dice que ella va a llegar a mi trabajo, que va a llegar a mi casa, que cuenta con todas las direcciones y señas de mi casa y que yo vivo en X lugar, le da el color de mi casa, la descripción total.
"Ahí yo me doy cuenta de que efectivamente la dirección coincide muy específicamente y esta dirección únicamente yo la tengo en el Expediente Digital porque yo considero que es importante para contactarme en el caso de que pase algo con mis hijos", relató la mujer en entrevista con este medio.
Dada su profesión, esta funcionaria se ha negado a ingresar su dirección. El único lugar en el que lo agregó, y además lo hizo con un amplio grado de detalle, es en la plataforma mencionada.
Fue entonces cuando se acercó a su centro médico —el cual será reservado a solicitud de la demandante— para pedir una copia de la bitácora de ingresos al Expediente Digital.
Para su sorpresa encontró que, el 16 de octubre de 2024, un doctor consultó dos veces la información personal de la servidora, pese a que nunca había tenido una relación médico-paciente con ella y que ella nunca había buscado atención en un hospital fuera de la Gran Área Metropolitana.
Ese mismo día, entregó los datos a una mujer, que poco después le escribió por WhatsApp a la demandante para reprocharle una aparente infidelidad del esposo.
"Nuevamente, tenemos una vulneración de información en el Expediente Digital. ¿Por qué llamamos una vulneración? Porque fuera de tener que estar revisando el sistema integrado del expediente de salud para un tema médico, se está obteniendo la información para ser transmitida a un tercero fuera del centro médico, con ocasión para utilizarlo para realizar amenazas a una persona, esta vez dentro del Poder Judicial.
"Entonces, no se está accesando para un tema médico, sino para un tema de conocer a dónde vive la persona, cuál es su número de teléfono, su dirección. Y en el mismo momento, escasa relación de minutos, la funcionaria del Poder Judicial recibe amenazas", comentó sobre el caso el abogado de la mujer, Marco Sánchez Pereira.
Precisamente, este jurista representa a otras cuatro personas que han sufrido ingresos sin autorización al Expediente Digital; casos que han sido dados a conocer por Teletica.com.
Sánchez Pereira ha mantenido la hipótesis de que esa plataforma ha funcionado como “un libro abierto” debido a la falta de controles de parte de la institución administradora de los establecimientos públicos de salud del país.
"Estaban dándose cuenta dónde está su casa, dirección exacta de su casa, cuántos hijos tiene, cómo se conforma su núcleo familiar y, principalmente, la ubicación de su domicilio. Entonces, si no hubiera sido porque a la propia funcionaria le están indicando dónde vive, cuál es la información de su casa, ella inmediatamente entra en pánico porque dice 'ya conoce mi información y puede ser transmitida a personas que no se dedican a hacer lo correcto', para llamarlo de algún nombre. Entonces, ahí es donde radica el temor más grave", expuso el abogado.
Bajo esa línea, la demandante acotó que esta exposición de su información pudo no solo haber expuesto su integridad física, sino que pudo haber puesto en peligro la vida de sus hijos.
La mujer destacó que la persona que se hizo con su información pudo haberla esperado en su casa cuando regresaba de recoger a sus hijos o pudo haber llegado a su lugar de trabajo.
"Para mí es bastante preocupante porque esta información es tan sensible para nosotros como funcionarios judiciales que puede ser transmitida del crimen organizado con gente con valores y ética tan cuestionables como la de este médico", subrayó la servidora.
Este medio solicitó una posición de la Caja sobre el caso, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta.
De igual manera, se pidió desde el 4 de julio anterior una entrevista con la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, para abordar qué acciones se tomarán ante este tipo de vulneraciones, pero la misma se tiene en trámite.