El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura requirió información al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el nuevo “Circuito de Alta Contención” y las restricciones impuestas a los privados de libertad ahí trasladados.
Dicho órgano, que busca proteger los derechos fundamentales de los reclusos, confirmó a Teletica.com que emprendió una serie de gestiones iniciales ante la cartera, a poco menos de un mes de que el titular del ramo, Gerald Campos, anunciara la ampliación de espacios de máxima seguridad.
La petición gira alrededor de los argumentos técnicos que sustentan las disposiciones dictadas, que incluyen una limitación en las visitas familiares y conyugales, así como en encomiendas y llamadas hechas desde teléfonos públicos, entre otras.
Una solicitud similar planteó la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), según indicó su oficina de prensa ante una consulta de este medio.
Ninguna de las instancias descartó eventuales inspecciones a los módulos y ámbitos reconvertidos, o la emisión de informes asociados con las órdenes giradas por Campos.
Precisamente, los traslados y las medidas ya han sido reiteradamente cuestionados por reos en recursos presentados ante la Sala Constitucional, que también ha requerido informes al Ministerio de Justicia sobre sus recientes anuncios.
Las disposiciones han contado con el respaldo del presidente Rodrigo Chaves, quien defiende que con estas se busca acabar con lo que ha denominado una “alcahuetería”.
Precisamente, el mandatario realizó este viernes una vista al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, que la Casa Presidencial anunció como una inspección de “disciplina en las cárceles”. Esa prisión, conocida como La Reforma, es la más grande del país y es la misma en la que se efectuó la reconversión de espacios para el “Circuito de Alta Contención”.
La cartera insiste en que, debido a la persistente sobrepoblación carcelaria, tuvo que hacer un reordenamiento dirigido a garantizar espacios, según el perfil técnico y necesidad de contención, perfil criminológico, riesgo institucional, conductas disruptivas o pertenencia a estructuras criminales.
Justicia defiende la legalidad de las disposiciones dictadas en ese sentido, en compromiso con “una gestión penitenciaria responsable y humanizada”, en apego a los derechos humanos.
Chaves, por su parte, ha instruido a Campos que respete las Reglas de Nelson Mandela, que son un conjunto de normas internacionales que establecen los estándares mínimos para el trato y condiciones de vida de los reclusos a nivel mundial.
Pero desde el 24 de abril anterior, reclusos han denunciado “tratos inhumanos y humillantes” luego de materializados sus traslados a máxima seguridad e, incluso, según cifras oficiales, alrededor de 1.000 internos se unieron a una huelga de hambre desde el lunes pasado como protesta.