Nacional
Tribunal mantiene a jueces y rechaza reiniciar juicio contra Gamboa, Araya y Smith
La gestión de la defensa fue denegada, con lo que el debate podrá continuar con la declaración de testigos.
La fiscala Natalia Rojas aseguró, la tarde de este lunes, que sintió presiones de parte de sus exsuperiores, Celso Gamboa y Berenice Smith, para actualizar la condición jurídica del exalcalde de San José, Johnny Araya, de una causa que se le seguía por aparente influencia contra la Hacienda Pública.
Así lo hizo ver la funcionaria durante su declaración ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que celebra un juicio de reenvío (o sea, la repetición del debate) contra Gamboa, Smith y Araya por presunto tráfico de influencias.
El testimonio de Rojas resulta clave para el contradictorio, pues la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusa a Gamboa —entonces subjefe del Ministerio Público— y Smith —otrora fiscala adjunta I de Probidad— de supuestamente haber influido a su subalterna para que Araya obtuviera una certificación que actualizaba el estado del expediente 12-000096-0621-PE. Lo anterior con el objetivo de que este pudiera presentarse en una publicación del diario La Nación como candidato a alcalde sin investigaciones abiertas, en la antesala de los comicios del 7 de febrero de 2016, en las cuales fue electo.
La fiscala explicó que, en una fecha que no recordaba, pero en la primera semana laboral de enero de 2016, recibió un oficio de Araya en el que le pedía certificar cuál era su estado en la causa mencionada. Simultáneamente, fue citada a la oficina de Smith.
Cuando se presentó, se topó con que Gamboa también estaba en el despacho de la fiscala adjunta de Probidad. Tal situación le extrañó, pues asegura que no era usual que un subjefe del Ministerio Público estuviera en la oficina de una adjunta.
Rojas recalcó que aquello, sin embargo, nunca fue una reunión, sino que en ese momento, solo se le pidieron cuentas sobre el expediente 12-000096-0621-PE, así como precisar si Araya había sido indagado o no.
Luego, según la testigo, sus superiores empezaron a hablar sobre qué iban a responder al exgobernador capitalino. La fiscala añadió que Smith mencionó que el Sistema de Gestión del Ministerio Público no permitía distinguir entre denunciados e imputados, o indagados o no; por lo que ello era lo que procedía responder a Araya. Gamboa acuerpó lo dicho y le expresó a Rojas que debía responder ese mismo día.
“A mí el licenciado Gamboa y la licenciada Smith me dieron una orden. Y la orden fue muy clara, fue tajante. Y al licenciado le urgía que eso se resolviera ese mismo día. Fue muy claro en resaltar esa situación. Yo me sentí presionada”, declaró Rojas bajo la fe del juramento.
Pese a la presión que señaló haber sentido, la testigo reconoció que no respondió la carta que le había enviado Araya ese mismo día, como se lo había ordenado Gamboa, sino que lo hizo hasta el día siguiente, ya que tenía que resolver otras gestiones, en particular una a la que le vencía el plazo en el caso policialmente conocido como “Crucitas”.
Rojas recordó que ella hizo las gestiones conforme se lo habían solicitado. Primero, al consultar si era viable “desaparecer” el nombre del exalcalde del Sistema de Gestión, ante lo que el coordinador judicial de la Fiscalía Anticorrupción, Arnold Tellez (en suplencia de Gabriela Quirós, quien estaba de vacaciones), le indicó que sí. De seguido, realizó la solicitud con los técnicos respectivos, hasta que se le envió un pantallazo con la leyenda “El interviniente ha sido eliminado con éxito”.
Después, la testigo aseguró que dio respuesta a Araya —haciendo hincapié en que lo hacía por instrucciones superiores— y adjuntó la misma y el comprobante de la eliminación en un correo dirigido a Gamboa, Smith y el fiscal adjunto II de Probidad, Juan Carlos Cubillo.
La fiscala subrayó que nunca nadie le hizo observaciones sobre su actuar.
Al final, Rojas pidió la desestimación a favor de Araya en la causa por presunta influencia contra la Hacienda Pública, así como el sobreseimiento en favor de otros funcionarios de la Municipalidad de San José que también figuraban en la investigación 12-000096-0621-PE.
La fiscala apuntó que ha rendido al menos siete declaraciones sobre esos mismos hechos en diferentes vías, como la penal en el debate anterior y en causas administrativas. Insistentemente, rechazó que haya mentido alguna vez o que haya servido de “testigo falso” para perjudicar a alguno de los imputados.
Valga recordar que, en la sentencia anulada del contradictorio se celebró hace cuatro años, se ordenó un testimonio de piezas contra Rojas por aparente falso testimonio.