Magistrada cree necesario un cambio en proceso para juzgar a miembros de Supremos Poderes

Durante la última década, la Sala de Casación Penal registró un importante incremento en la cantidad de expedientes seguidos contra miembros de los Supremos Poderes.

En 2016, el Alto Tribunal recibió 11 causas contra funcionarias con fuero de improcedibilidad penal. El número de casos llegó a 146 en 2025. Solo en lo que va del año, se tienen 41 sumarias.

Valga recordar que el procedimiento especial de juzgamiento a los servidores con inmunidad establece que las investigaciones corresponden únicamente a la Fiscalía General.

Una vez que el Ministerio Público tiene listo su requerimiento conclusivo (ya sea la desestimación o acusación), entran en escena otros dos protagonistas:

• Si se trata de una desestimación, entonces la Sala de Casación Penal conoce la gestión y la resuelve.
• Pero si es una acusación, entonces el caso pasa al Tribunal de Corte Plena, que debe estudiar la pieza y determinar si esta tiene mérito suficiente y cumple los requisitos de forma para entonces dar paso a una solicitud de desafuero que debe ser enviada a la Asamblea Legislativa.
• Si procede el levantamiento de la inmunidad, entonces el expediente es enviado a la Sala de Casación Penal, que lo asigna a uno de sus integrantes para que este instruya la causa e indague a los imputados en esta. Luego el caso estará listo para el juicio ante la Sala de Casación Penal y, contra lo que esta resuelva, cabe apelación ante el Tribunal de Corte Plena.
• De lo contrario, el expediente no podrá seguir adelante hasta que las personas en la sumaria pierdan el fuero.

La presidenta del alto tribunal, Patricia Solano, reconoció en entrevista con Teletica.com que el incremento sostenido en el número de causas que estudia esa instancia ha impactado de forma directa el conocimiento de los recursos de casación.

Según la magistrada, los procesos contra miembros de los Supremos Poderes son complejos y requieren de un estudio amplio para su resolución, lo que incide en otros asuntos que también entran en el circulante de la Sala Tercera.

Consultada sobre si considera necesaria una actualización en el procedimiento especial para el juzgamiento de estos casos, la alta jueza señaló:

"Yo tengo una confianza absoluta en los tribunales de justicia. Creo que nosotros tenemos un sistema fuerte de judicatura; sobre todo en los jueces de juicio, que son impecables. Entonces, yo pensaría que el hecho de que hagamos esta primera parte ante Corte Plena, la solicitud de levantamiento del fuero, cuánto procede y, una vez en esa etapa, que pueda pasar a los tribunales ordinarios, porque también de esa manera no hay una injerencia de la Asamblea Legislativa sobre nosotros (los magistrados)".

Básicamente, Solano apunta a replicar un modelo como el que se emplea en República Dominicana. En ese país, la discusión sobre el levantamiento de la inmunidad pasa por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, pero una vez que se remueve el fuero, el proceso entra en la vía ordinaria.

La alta jueza recordó que la Sala de Casación Penal ya había presentado un proyecto en ese sentido al Parlamento en 2019, pero este no tuvo mayor acogida. Desde entonces, el tema no se volvió a discutir y, por ende, su comentario corresponde a una posición meramente personal.

De igual forma, la magistra reconoció que en el pasado hubo quienes opinaron que una iniciativa como esa puede crear un desequilibrio procesal en el que un juez de inferior categoría quedaría frente al fiscal general, lo que puede causar algún tipo de presión sobre el decisor.

Esa modificación más bien traería mayores garantías para los funcionarios con fuero, a criterio de Solano.

"Por lo menos yo me sorprendo de que tenga que conocerlo (el asunto) Corte Plena como tribunal cuando, cuando dentro de los 22 magistrados, solo hay cinco expertos en materia penal, como son los magistrados de Sala Tercera. Entonces los demás resuelven en temas que no son su expertis", indicó.

Otra mejora que implicaría ese planteamiento, desde la perspectiva de la alta jueza, es que, al pasar a la vía ordinaria, se habilitaría la posibilidad de que las partes puedan presentar recursos de apelación (segunda instancia) y casación (tercera instancia), al igual que el resto de ciudadanos.

Esto último, a su vez, conllevaría que el tema en algún momento lo vea la Sala de Casación Penal.

Las declaraciones de Solano se dan en momentos en los que el alto tribunal ha tenido que conocer 77 solicitudes de desestimación y 2 acusaciones del expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, de entre las 121 causas que ha abierto en su contra el fiscal general Carlo Díaz.

Precisamente, la magistrada ha utilizado ese dato para combatir los señalamientos de supuesta persecución política y politización de la justicia, hechos el lunes pasado por la mandataria Laura Fernández, por los procesos que se siguen contra su antecesor.

A ello, Solano añadió que la gran mayoría de esas investigaciones tienen que ver con denuncias de ciudadanos en ejercicio de sus derechos.

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