POR Valeria Martínez | 16 de abril de 2026, 18:07 PM

El uso de celulares en las aulas se ha convertido en un tema de debate a nivel mundial, y Costa Rica no es la excepción. La discusión ya está sobre la mesa: ¿regular o prohibir estos dispositivos durante las lecciones? (ver video adjunto de Telenoticias).

El Ministerio de Educación Pública (MEP) propone una normativa clara: prohibir el uso del celular en clase, salvo cuando el docente lo autorice con fines pedagógicos. La intención es establecer una regla uniforme en todos los centros educativos del país.

Desde la institución se argumenta que el uso constante del celular afecta la atención, interfiere en el aprendizaje y puede incidir en el desarrollo de los estudiantes, especialmente en edades tempranas. Además, señalan que los docentes compiten con estos dispositivos por la concentración en el salón de clase.

Otro de los puntos que respalda la propuesta es la necesidad de contener problemáticas como el ciberbullying, que ha trasladado la violencia digital al entorno educativo. La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales, donde algunos países han optado por prohibiciones totales y otros por restricciones parciales. Costa Rica se ubicaría en un punto intermedio.

Sin embargo, no todos coinciden con esta medida. Desde el sector educativo surgen cuestionamientos sobre su efectividad. Investigaciones en países como Inglaterra y Australia no evidencian mejoras directas en el rendimiento académico, la atención o la salud mental tras limitar el uso de celulares.

También advierten que restringir estos dispositivos podría frenar la integración tecnológica en las aulas. En un contexto marcado por la digitalización y la inteligencia artificial, el celular puede convertirse en una herramienta clave para el aprendizaje.
Desde esta perspectiva, el desafío no es prohibir, sino enseñar a utilizar la tecnología de forma responsable dentro del aula.

El reglamento planteado permitiría el uso del celular durante los recreos para comunicación personal, pero restringe su uso en clases sin autorización y en situaciones como la grabación de actos de violencia.

El debate sigue abierto.


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