Inicia revisión de fotos y audios de celular del expresidente Carlos Alvarado en caso UPAD

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva a cabo, desde el lunes anterior, la revisión manual de los celulares y computadoras del expresidente Carlos Alvarado (2018-2022), en la causa que se le sigue por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Teletica.com conoció que la diligencia tiene lugar en una de las salas de los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. A ella pueden acudir únicamente las partes del expediente 20-005434-0042-PE.

Específicamente, lo que se hace es una inspección de los videos, imágenes y audios que fueron encontrados en los dispositivos electrónicos del exmandatario y el resto de imputados en la causa, incluido el exministro de la Presidencia y exdiputado Víctor Morales.

"Este proceso se ha desarrollado por etapas a lo largo de varios años. En una primera fase, ya realizada tiempo atrás, se llevó a cabo la apertura de los dispositivos, durante la cual se efectuaron imágenes forenses de los discos, es decir, copias íntegras de su contenido con fines de resguardo y análisis técnico. Posteriormente, el inicio del análisis de la información se vio pospuesto debido a discusiones jurídicas con el Ministerio Público respecto a los alcances de dicha revisión, específicamente sobre si esta debía abarcar la totalidad del contenido o limitarse a parámetros definidos.

"Una vez resueltas estas diferencias, se establecieron criterios y parámetros de búsqueda claros. Con base en estos lineamientos, el Organismo de Investigación Judicial quedó autorizado para realizar el análisis mediante herramientas de software forense. En esta etapa se procederá a una revisión manual de aquellos archivos que no pueden ser procesados o clasificados por el software forense, tales como audios, fotografías y videos. Este proceso implica un análisis detallado y caso por caso", indicó a este medio la defensa del exmandatario, integrada por los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara.

Los aparatos decomisados en los históricos allanamientos del 28 de febrero de 2020 incluyen 14 celulares, 15 computadoras portátiles, tres unidades centrales de procesamiento (CPU), dos tabletas, dos relojes inteligentes, una cámara de video, dos discos duros externos, dos discos compactos y 35 dispositivos de almacenamiento masivo (USB).

"El proceso de apertura de evidencia informática es un procedimiento en el que primero se verifica la cadena de custodia, es decir, que los aparatos electrónicos que fueron decomisados y se mantengan sellados no hayan sido aperturados, no hayan sido manipulados, sino hasta el momento en que se realiza su apertura.

"Una vez aperturado cada uno de estos dispositivos, se procede a realizar una copia de respaldo por parte del Organismo de Investigación Judicial, sobre la cual se corren los programas informáticos para ubicar la información que se estima de interés por parte del Ministerio Público y que ya fue definida por el juez penal de Hacienda", explicó a Teletica.com, por su parte, el defensor de Morales, Ewald Acuña.

La diligencia en cuestión fue solicitada por la representante de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Claudia Villafuerte, y ordenada por el juez Johnny Cerdas, desde el 11 de marzo anterior.

Inicialmente, para la apertura de dispositivos se señaló hasta el 30 de mayo próximo.

En el caso concreto de Morales, su defensor indicó que no tiene ninguna expectativa o preocupación por el examen de evidencias, pues descarta que exista alguna información sobre la Unidad de Análisis de Datos en su teléfono o computadora.

Sobre el particular, los abogados de Alvarado reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades "dentro del marco del debido proceso y la legalidad, porque, como hemos sostenido desde el inicio de este caso, no se ha cometido delito alguno y así quedará demostrado cuando tengamos la posibilidad de realizar la defensa correspondiente".

Tanto el exgobernante como el exministro figuran como sospechosos de prevaricato (dictado de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.

Junto a ellos figuran como encartados la exjefa del despacho presidencial, de apellido Salas; el exasesor legal, de apellido Salazar; el exdirector de la Unidad de Análisis de Datos, de apellido Fernández; así como sus subalternos, de apellidos Villalobos y Madrigal.

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