Se cumplen 1.500 días del allanamiento a Casa Presidencial por caso UPAD

Este sábado se cumplen 1.500 días de que la Fiscalía General de la República allanó por primera vez la Casa Presidencial.

Dicho operativo se ordenó el 28 de febrero de 2020, en el marco de una investigación por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Varias cosas han cambiado desde entonces. Carlos Alvarado Quesada no es más el presidente de la República y tampoco es Emilia Navas Aparicio la jefa del Ministerio Público.

Lo cierto es que aquel escándalo que se originó tan solo una semana antes, continúa en su etapa inicial, a la espera de que acabe la recolección y análisis de prueba, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), ante una consulta de Teletica.com.

Tal vez la mejor noticia que ha vivido la sumaria 20-005433-0042-PE desde esas diligencias, es que ya se dio la apertura de los dispositivos electrónicos decomisados al entonces mandatario, su ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro, entre otros.

Ello ocurrió "conforme a la calendarización" de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que como es sabido, se ha visto saturada recientemente, señaló el despacho en su respuesta a este medio.

"La información digital extraída se encuentra en estudio y, de ser necesario, se solicitaría las pericias correspondientes a la Policía Judicial", amplió el Ministerio Público.

Valga recordar que contra Alvarado Quesada se sigue una pesquisa por los presuntos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Junto al presidente y los jerarcas antes mencionados, figura la exjefa del despacho presidencial, de apellidos Salas Hernández; el exasesor legal, de apellidos Salazar Muñoz; el exdirector de la Unidad de Análisis de Datos, de apellidos Fernández Montero; así como sus subalternos, de apellidos Villalobos Villalobos y Madrigal Rivas.

​"Excesos de Fiscalía"

Frente a la posición del órgano acusador, está la defensa técnica, encabezada por los abogados Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, como representantes del exgobernante Carlos Alvarado Quesada.

Ambos juristas se muestran seguros de la inocencia de su cliente y ninguno le tiembla el pulso para responsabilizar al Ministerio Público por los atrasos que ha sufrido el caso.

"Don Carlos siempre ha colaborado con la Fiscalía y nos dio instrucciones muy claras en ese sentido. Si en la actualidad la causa no ha avanzado, es porque el Ministerio Público se empeñó durante años en hacer cosas ilegales, pues pretendían realizar una revisión indiscriminada de las computadoras y teléfonos celulares, en lugar de analizar solamente la información pertinente para la investigación, como se hace en todos los casos. Dichosamente, ni la Sala Tercera ni el juez de garantías permitieron semejante atropello, dándonos la razón", afirmó Guevara Vega.

En ese sentido, los abogados ahondaron en que el allanamiento a la Casa Presidencial nunca fue necesario y, como prueba de ello, recordaron que la Fiscalía General (con Warner Molina Ruiz a cargo de manera interina) acusó al expresidente el 2 de febrero de 2022, sin haber obtenido la prueba que inicialmente buscaba en el operativo.

Desde el punto de vista de la defensa, con la presentación de esa acusación, se descarta la necesidad de la diligencia y del secuestro de los equipos electrónicos de los imputados. Por ello, califican ese operativo de "puro espectáculo".

A ello agregaron que, una vez que el Ministerio Público tuvo en su poder los celulares, computadoras, tabletas y relojes inteligentes, intentó tener acceso a todas las comunicaciones de los investigados, incluso las privadas y las que no tenían nada que ver con el caso, de acuerdo con los abogados.

Esa "pretensión abusiva e ilegal" generó una "gran pérdida de tiempo, únicamente atribuible a la Fiscalía", puntualizaron los juristas.

No obstante, el órgano acusador sostiene que sus coordinaciones con el Organismo de Investigación Judicial se han enmarcado en los plazos señalados por la ley.

"Peor aún, la Fiscalía General formuló una acusación contra don Carlos, con la cual claramente pretendían someterlo a un proceso de desafuero ante la Asamblea Legislativa. Pero una vez que dejó la Presidencia de la República, se ha negado a promover esa acusación, como es su deber y como sucede en cualquier caso. ¿Se imagina usted un Ministerio Público que formule acusaciones y luego no las sostenga? Pues eso es lo que ha pasado aquí y la opinión pública tiene el derecho de saber cómo se manejan algunos procesos penales, cuando se persiguen intereses distintos a los de averiguar la verdad real y hacer justicia. Lamentablemente, todo esto lo que ha hecho es retrasarnos en el objetivo de reafirmar la inocencia de don Carlos", sostuvo, en cambio, Brenes Vargas.

Desde la perspectiva de los juristas, aquella acusación "sin fundamento" no tenía fines procesales, "sino políticos".

En esa línea, los defensores del exmandatario insistieron en su interés de que la causa avance lo más rápidamente posible y apegada al debido proceso, para desacreditar "espionaje" o daño alguno contra la ciudadanía.