Más de 70 mil vehículos se acumulan actualmente en los depósitos vehiculares del país, una situación que mantiene saturada la infraestructura y dificulta la gestión de los automotores decomisados.
Ante este escenario, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) inició un proceso de contratación para elaborar los estudios necesarios para determinar la viabilidad de una futura concesión del servicio (ver video adjunto).
El primer paso será contratar una consultoría con un costo de ¢550 millones. El proceso ya se encuentra habilitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La consultoría deberá determinar la viabilidad técnica, financiera, legal, ambiental, social e institucional del proyecto, además de definir cómo se estructuraría una eventual concesión.
La propuesta contempla los 19 depósitos vehiculares que existen actualmente y la posibilidad de habilitar al menos tres nuevos planteles en distintas regiones del país.
El modelo plantea que una empresa privada se encargue del traslado, almacenamiento y custodia de los vehículos decomisados. También tendría a su cargo sistemas para llevar el inventario de los automotores y una plataforma informática que permita a los usuarios conocer dónde se encuentra su vehículo y cuándo pueden retirarlo.
El proyecto también busca mejorar los procesos para disponer de los vehículos que no son reclamados por sus propietarios, mediante mecanismos de donación o remate.
Uno de los principales problemas que ha llevado a la saturación de los depósitos es precisamente la cantidad de vehículos que permanecen en esos espacios durante largos períodos. Durante el año pasado fueron decomisados 8.239 automotores, pero solamente 2.480 fueron retirados por sus propietarios.
Esto significa que 5.759 vehículos permanecieron en los depósitos, aumentando la presión sobre una infraestructura que ya enfrenta limitaciones de espacio y capacidad operativa.
La propuesta del CNC busca, además, modernizar el sistema y mejorar la eficiencia en el manejo de los vehículos decomisados, incluyendo los procesos necesarios para agilizar su disposición cuando no son reclamados.
El proyecto se desarrolla en coordinación con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que actualmente administra los depósitos vehiculares.
La auditoría también detectó unidades deterioradas y con faltantes de piezas como espejos, vidrios y componentes mecánicos, además de cuestionar las condiciones en que se mantienen almacenados.