A finales de 2023, cuando Costa Rica cerraba oficialmente el año más violento de toda su historia, los supremos poderes acordaron la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional que permitiera analizar, revisar e impulsar leyes eficaces en el combate de la creciente criminalidad.
Esa mesa, que incluía a diputados, ministros, fiscales, magistrados e incluso el propio presidente, Rodrigo Chaves, presentaría una lista de prioridades al Congreso para que los legisladores, idealmente, les dieran vía rápida.
El 23 de enero de 2024, luego de varias sesiones, la mesa arrojó su primer resultado: 10 proyectos de ley, existentes y nuevos, que reunían las principales necesidades del Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
En esa lista había propuestas como la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses; la ley para combatir los llamados “capitales emergentes”; una reforma a las condiciones para otorgar la prisión preventiva o la ley para sancionar los préstamos “gota a gota”, entre otros.
Si bien la mayoría ya se convirtieron en ley, la histórica ola de criminalidad sigue golpeando con fuerza al país, y entonces, surge la pregunta: ¿funcionaron realmente esas reuniones para su objetivo final?
En medio de la histórica crisis de criminalidad, las cabezas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron en enero una agenda de prioridades que hoy, cuatro meses después, no rinde los frutos esperados.
Culpas y responsabilidad
Si bien las reuniones siguen adelante, a la última ya se ausentó el presidente Chaves, quien calificó como una “ruta vergonzosa” esa agenda de 10 proyectos en que él mismo participó.
Las quejas del mandatario no solo apuntaban contra esa agenda, sino además con la tardanza en aprobarla.
“¿Qué define usted cómo éxito presidente Arias Sánchez? ¿Las leyecitas qué han pasado? ¿La violencia vicaria? ¿Ese montón de cositas? Es una ruta vergonzosa bajo su presidencia del Congreso.
“No me diga, Rodrigo Arias, que la violencia no da tregua, es que usted y el Congreso que usted preside y el Poder Judicial les dan demasiada tregua a los criminales”, aseveró Chaves antes de negarse, públicamente, a participar de la reunión de febrero anterior.
Pero, aunque la molestia del Ejecutivo es evidente, sus contrapartes del Judicial y el Legislativo no comparten esa visión.
“El proceso de tramitación de leyes requiere la discusión democrática en el seno de la Asamblea Legislativa, a algunas personas les parecerá que eso es complicado, denso, lento y complejo, pero la alternativa es la dictadura.
“Entonces tardamos un tiempo poniéndonos de acuerdo, oyendo criterios técnicos, oyendo posiciones de especialistas, escuchando cómo podría operar una ley o la alternativa es que a alguien se le ocurra X cosa y todo el mundo obedezca y se calle, porque eso es una dictadura, o esa es la diferencia entre la dictadura, el autoritarismo o la democracia”, cuestionó el diputado del PLP Gilberto Campos, miembro además de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Campos explicó que, en lo que va del actual Congreso, se han presentado más de 95 proyectos de ley en materia de Seguridad y que, solamente en el recién terminado tercer año de mandato, se aprobaron 17 (a febrero pasado).
“Si sumamos todas las leyes aprobadas, en lo que va de los últimos tres años en materia de Seguridad, andamos rondando más o menos las 35 leyes en materia de fortalecimiento de los marcos jurídicos para combatir la criminalidad”, dijo.
En esa lista, el legislador enumeró reformas como la que permitió el fortalecimiento de los juzgados de flagrancia, la modernización de las intervenciones telefónicas, los cambios en el marco normativo de las policías municipales, la reforma al servicio de Guardacostas y el uso de los recursos decomisados al narcotráfico, así como la reforma constitucional que ya avanza para permitir la extradición de costarricenses.
Randall Zúñiga, director del OIJ, también resaltó los esfuerzos que se han hecho en materia de legislación tanto para la parte operativa como para la parte táctica, por ejemplo, con el proyecto de reciente aprobación para permitir allanamientos cualquier día de la semana y a cualquier hora del día.
Insistió, además, por el proyecto para permitir la confidencialidad de los vehículos de cuerpos policiales.
“Recordemos que en el caso del compañero Heiner de Interpol, que fallece hace más de un año, se consultó la placa como tal y se dieron cuenta de que era policía.
“Entonces hay algunas reformas de ley que sí van a ayudar a nivel operativo, aparte del mensaje que se pueda enviar”, insistió Zamora.
Finalmente, el fiscal general, Carlo Díaz, insistió en que las reuniones de Seguridad no solo han sido provechosas a nivel de proyectos, sino además para articular esfuerzos y evidenciar necesidades.
“Todo lo que sea reunión en Seguridad es provechoso, pero no por reunirnos, sino para la dotación de recursos como lo ha hecho la Asamblea Legislativa, también la dotación de leyes como lo ha hecho la Asamblea Legislativa.
“Todo esto nos va a permitir de alguna manera afrontar este fenómeno delictivo tan grave que estamos viviendo, pero sí tenemos que hacer todavía un esfuerzo adicional, porque las necesidades tienen que ser acordes a la amenaza local”, insistió.
No importa si la persona está internada en un hospital, asistiendo a un acto religioso en una iglesia, practicando deporte o descansando en su casa; en cualquier lugar o a cualquier hora, los homicidas están alcanzando a sus víctimas y acaban con inocentes a su paso.
“Yo celebro siempre este tipo de reuniones porque es hacer conciencia de lo que estamos viviendo y esta conciencia ha venido sobre todo de dos poderes de la República, en este caso la Asamblea Legislativa que ha convocado estas reuniones, que se ha puesto a la orden del Poder Judicial e incluso del Poder Ejecutivo, para que presentemos proyectos que de alguna u otra manera les den herramientas a los cuerpos policiales.
“Incluso estas reuniones nos han dotado de recursos al Organismo de Investigación Judicial o a la Fiscalía, también han dotado recursos a la Judicatura y a la Defensa Pública, esto nos ha ayudado muchísimo en la atención del crimen”, finalizó.
Este 1° de mayo, luego de ser reelecto presidente del Congreso, Rodrigo Arias adelantó que, de ser necesario, volverá a convocar a una reunión entre los supremos poderes para definir una última agenda de proyectos en este año final de mandato.