¿Qué pasó con los 10 proyectos de Seguridad que los supremos poderes acordaron impulsar?

En enero anterior, mientras el país exigía respuestas a la creciente crisis de criminalidad, las cabezas de los supremos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) conformaron una mesa de trabajo con la promesa de impulsar una “solución integral” del problema.

Ahí se citaron, además de diputados, jerarcas y autoridades; el presidente Rodrigo Chaves; el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.

El producto de esa mesa fue la presentación de 10 proyectos de ley que reunían las prioridades que, desde todas esas aristas, permitirían ese combate directo contra la delincuencia.

Sin embargo; cuatro meses después, solo dos se han convertido en ley.

“Solo dos de 10 leyes han pasado en esa comisión de narcotráfico y seguridad, qué vergüenza”, criticó este martes anterior el propio Chaves.

​¿Por qué?

En esa lista había cuatro iniciativas que ya estaban convocadas, en ese momento, en la agenda de sesiones ordinarias:

El expediente 23.800, que propone una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses a otros países donde sean requeridos por delitos de narcotráfico o crimen organizado.

El expediente 22.834, conocido como el proyecto de “capitales emergentes”, que busca para darle a la posibilidad al Instituto Costarricense sobre Drogas y otros cuerpos policiales de definir medidas cautelares para disponer de bienes decomisados al narcotráfico previo a que exista una resolución judicial por el fondo.

El expediente 23.746, que pretendía endurecer el registro de antecedentes penales para aumentar los términos en que desaparecen estos y así evitar beneficios carcelarios a reincidentes.

Y el expediente 23.575, que sancionaba con penas de prisión los créditos “gota a gota”.

Además, había otros tres proyectos ya presentados, pero no convocados:

El expediente 23.690, que consiste en una reforma para ampliar el catálogo de delitos que podrán ser sujetos de intervenciones telefónicas y darles a los jueces un plazo para esa resolución.

El expediente 24.095, que reforma a la Ley de Armas y Explosivos para endurecer las penas actuales.

Y el expediente 24.096, para reducir las penas mínimas de seis a cuatro años para los delitos en que se permite monitoreo electrónico.

Adicionalmente, había tres proyectos nuevos que se discutirían: una reforma a la prisión preventiva (presentada bajo el expediente 23.986), otra para agravar las penas contra adultos que utilizan a menores de edad para cometer delitos (24.194) y una última para ampliar los plazos en procesos contra menores de edad, de manera que exista más espacio para formular las acusaciones (24.175).

¿En dónde están ahora?

Los únicos textos que convertidos en ley son el expediente 23.746 (antecedentes penales) y el 23.575 (préstamos “gota a gota”).

La reforma constitucional para permitir la extradición recién consiguió su admisibilidad, por lo que apenas se acaba de conformar la comisión especial que se encargará de analizar la propuesta antes de que llegue al Plenario.

El proyecto 22.834 ya se aprobó en primer debate, pero en este momento hay un grupo importante de diputados que buscan retrotraerlo para aprobar un nuevo texto y así incluir la posibilidad de que se llame en audiencia a las personas investigadas, esto con el objetivo de proteger el principio de inocencia, posibilidad que bancadas como el Frente Amplio insisten en que solo serviría de alerta a organizaciones criminales y delincuentes.

El 23.690 consiguió ser dictaminado, y aunque aparece en las convocatorias del Plenario, sigue sin avanzar en su discusión final de cara a un primer debate.

Tanto el 24.095 como el 24.096 no han salido de comisión; la misma suerte corren los últimos tres expedientes presentados; sin embargo, ninguno parece más lejano de aprobarse que el 23.986: la reforma a la prisión preventiva que la Corte Plena calificó como “riesgosa”, “desmedida” y “arbitraria”.

En un intento por mantenerlo vivo, los diputados eliminaron la obligatoriedad que, en el texto original, tenían los jueces para dictar esa medida; sin embargo, el cuestionado “peligro para la comunidad” sigue apareciendo como una causal para su otorgamiento.

La expresidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, insistió durante estos meses que el trámite de las leyes no puede ser “atropellado” y que la ciudadanía podía estar tranquila de que el órgano estaba trabajando.

Sin embargo, voces críticas, como la del propio Chaves, le siguen metiendo presión a la comisión que ahora preside el liberacionista Gilberth Jiménez.

“Deje de estar insultando y limitando la actividad de la Asamblea Legislativa, deje de estar cuidando, supuestamente, lo que es el régimen de derecho, cuando usted lo violenta constantemente. Tiene más de 40 causas en los tribunales de justicia, eso no es comerse la bronca por Costa Rica, es actuar de una manera indebida”, le dijo Navas a Chaves esta semana.