La Fiscalía General, la Defensoría de los Habitantes, la Defensa Pública y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizan este viernes una inspección sorpresa en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
La diligencia busca verificar una serie de denuncias relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, actos de tortura y posibles delitos de abuso de autoridad dentro de la recién inaugurada cárcel.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la inspección contempla un primer acercamiento con las autoridades administrativas y, posteriormente, entrevistas con las personas privadas de libertad.
"De momento, va a ser un abordaje inicialmente a las autoridades administrativas y posteriormente a los privados de libertad. Ahí les consultaremos sobre algunas denuncias del interior que se han recibido, que son múltiples", señaló Díaz.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, no tardó en pronunciarse sobre la diligencia y la presencia de medios de comunicación, que calificó como un “espectáculo mediático”.
El fiscal general indicó que el objetivo de la visita es conocer directamente las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas y determinar si los hechos denunciados ocurren dentro del centro.
"Lo que queremos es eso, conocer de propia mano si eso está sucediendo o si de todo lo descartamos", agregó.
Díaz también aclaró que la visita responde a las labores propias de investigación de las instituciones participantes y que no existió una coordinación previa con el Ministerio de Justicia y Paz.
Precisamente, Aguilar cuestionó que su cartera no fuera informada de esa visita. "Y, por supuesto, ¡con prensa incluida para montar un espectáculo mediático! Todo esto, sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz", expresó el jerarca.
Aguilar también lanzó cuestionamientos contra el fiscal general y calificó las actuaciones como una posible "persecución obsesiva" y un "show politiquero".
"Que cada costarricense saque sus propias conclusiones sobre estas actuaciones —especialmente las del fiscal general de la República—, del lado de quien están y a quien defienden", manifestó.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes confirmó que la inspección forma parte de sus labores ordinarias de supervisión en establecimientos públicos.
La institución explicó que el propósito es recopilar información para elaborar el informe correspondiente sobre las condiciones del CACCO.
Además, recordó que estas inspecciones forman parte de un trabajo que desarrolla en distintos espacios, entre ellos hospitales, centros educativos, albergues y comunidades, así como mediante jornadas de atención de quejas en diferentes regiones del país.