Familiares de reclusos denuncian "tortura alimentaria" tras nuevas medidas en cárceles

Familiares de personas privadas de libertad y organizaciones que las respaldan denunciaron una presunta "tortura alimentaria" en los centros penitenciarios del país tras el anuncio del Ministerio de Justicia y Paz de prohibir el ingreso diario de alimentos mediante encomiendas.

La reacción surge luego de que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunciara este lunes una serie de medidas orientadas a reforzar el orden y la seguridad dentro de las cárceles, entre ellas la eliminación del ingreso diario de comida por parte de familiares.

Rafael Ángel García, presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, aseguró que las nuevas disposiciones agravan una situación que, según afirmó, ya afecta a miles de personas privadas de libertad. 

"El Estado costarricense se ha convertido en un Estado torturador y no protector de los derechos humanos y fundamentales de la población privada de libertad", declaró.

García sostuvo que la alimentación suministrada por el sistema penitenciario no es suficiente en cantidad ni calidad, por lo que considera que impedir el ingreso de alimentos por parte de las familias representa un "doble castigo" para quienes cumplen condena.

Las críticas también fueron respaldadas por Paula Porras, familiar de un privado de libertad y miembro de una organización de apoyo a esta población. Según indicó, las encomiendas constituyen un complemento indispensable para la alimentación de muchos reclusos.

"La gran mayoría de privados de libertad dependen de estas encomiendas para poder tener una mejor alimentación", manifestó Porras, quien además señaló que los horarios de alimentación y las porciones servidas provocan que muchos internos pasen largas horas sin acceso a comida.

La vocera afirmó que existen personas privadas de libertad que han experimentado pérdida de peso debido a la alimentación que reciben en los centros penales y cuestionó la efectividad de la medida para combatir el ingreso de drogas.

Por su parte, Valeria Rodríguez, también familiar de un interno, aseguró que la decisión ha generado preocupación e incertidumbre entre la población penitenciaria.

"Todos están muy asustados", expresó Rodríguez, quien además rechazó las afirmaciones de las autoridades sobre el uso de las encomiendas y defendió que muchas familias realizan esfuerzos económicos para llevar alimentos a sus seres queridos.

"No sabemos por qué tanto odio hacia estas personas teniendo en cuenta estas medidas que no vienen a solventar la inseguridad que hay afuera, es populismo puro y barato, es triste que utilicen una población para hacer política.

"Ellos (Justicia) no hablan de que el sistema penitenciario no da a basto, el hacinamiento es exponencial y esto quiere decir que la comida no alcanza porque los recursos no aumentan y eso ellos no lo publican. Cuando uno denuncia, ellos dicen que les dan arroz con pollo, verduras y esto es mentira porque los privados de libertad sufren tratos denigrantes y tortura", dijo Rodríguez.

Desde el Ministerio de Justicia y Paz, las medidas fueron justificadas como parte de una estrategia para fortalecer el control de los centros penitenciarios. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y mayo de este año ingresaron 158 mil encomiendas a las cárceles del país, cuya revisión requería hasta 200 oficiales penitenciarios por día.

Aguilar afirmó que las encomiendas se han convertido en una "autopista directa para el ingreso de droga" y señaló que también se utilizan para actividades comerciales irregulares dentro de los centros penales. Además, anunció restricciones adicionales para el ingreso de ropa y otros artículos.

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia este lunes y han generado posiciones encontradas entre las autoridades y los grupos que representan a familiares y personas privadas de libertad.

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