Una antecesora y una exviceministra figuran entre las asesoras de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor.
Se trata —respectivamente— de la abogada Laura Ávila y la administradora Deily Gallo, según información proporcionada por la oficina de prensa de la institución administradora de los servicios públicos de salud ante consulta de Teletica.com.
La primera presidió la entidad que vela por la seguridad social brevemente entre el 20 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, en medio de la suspensión que impuso el 10 de octubre de 2024 el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública a la entonces jerarca y actual diputada, Marta Esquivel, por el caso que se conoce policialmente como "Barrenador".
En cambio, la segunda fue viceministra de Salud del 8 de mayo de 2022 al 2 de junio de 2023, cuando renunció al cargo en el marco de un "reacomodo" anunciado por la otrora titular del ramo, Mary Munive.
Ávila funge como jefa de despacho de Taylor. Anteriormente, ocupó ese cargo mientras Esquivel estuvo al frente de la Caja. En virtud de ese puesto, devenga un salario mensual de ₡5,9 millones, de acuerdo con la información disponible en la sección de Datos Abiertos de la institución, a la cual este medio fue remitido por el departamento de comunicaciones.
Gallo, por su parte, trabaja como asesora y recibe una remuneración mensual de ₡4,2 millones.
La presidenta ejecutiva tiene completas las cinco plazas de consejeros previstas para su cargo en el Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para la Caja de Seguro Social.
A la exviceministra debe sumarse una doctora de apellido Nieto, especialista en Administración de Servicios de Salud, que recibe un salario de ₡2,4 millones como médica jefe 2 (según información disponible en Datos Abiertos).
También tiene una enfermera de apellido Madrigal que devenga ₡4,7 millones de remuneración, una abogada de apellido Fonseca y una periodista de apellido Alvarado, las cuales reciben ₡4,2 millones.
Para esta publicación se solicitó a la institución que se precisaran las funciones de cada una de las asesoras, pero en su lugar se pidió que se usara lo estipulado en la citada normativa, pero ahí no se indica la información requerida.