Estadounidense reclama a Fiscalía por arrestarlo en aeropuerto: "No había ninguna razón"

El estadounidense Edward Scott Ringle, de 74 años, reclama a la Fiscalía de Costa Rica por haberlo arrestado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en abril del año pasado, tras una denuncia de supuesta trata de personas en su contra.

El adulto mayor asegura que tiene 20 años de haberse establecido en territorio nacional e iniciado sus negocios, específicamente un hotel en la zona de Escazú. Durante todo ese tiempo, viajó regularmente a su país natal.

El día de la detención, precisamente, se disponía a tomar un avión hacia Estados Unidos.

"Antes de arrestar a alguien en Costa Rica, particularmente cuando se trata de cargos por delitos graves que podrían llevarme a prisión —y el resto de mi vida estaría arruinada en prisión—, necesitan investigar. Tenían que investigar.

"Pudieron haberme arrestado cuando entré al país. Pudieron haberme arrestado en mi casa. Pudieron haberme arrestado los policías que estaban muy cerca de mi casa. Pudieron haberme arrestado en la estación de Policía cuando fui allí el lunes y el martes para averiguar qué estaba pasando. Pero me arrestaron en el aeropuerto, después de que les había dicho cuándo iba a salir del país. Y eso hizo que pareciera que yo estaba huyendo del país", detalló Ringle en una entrevista.

Luego de ser detenido, le impusieron las siguientes medidas cautelares: firmar una vez al mes en la Fiscalía de Trata de Personas, en San José; impedimentos de salida del país, mantener su domicilio y no comunicarse con la víctima por ningún medio, ya sea personal, por terceras personas, por medios electrónicos o redes sociales.

La denunciante es una mujer que trabajaba para él, de acuerdo con su versión. Según la información proporcionada a las autoridades, Ringle, supuestamente, la mantuvo retenida en el hotel, la explotaba sexualmente y la obligaba a hacer trabajos domésticos.

"Cuando fui arrestado, había tres policías, policías grandes, parados afuera de la entrada del aeropuerto. Me pidieron que me detuviera, me preguntaron mi nombre y me pidieron el pasaporte. Después dijeron: 'Está arrestado'. Los miré y les pregunté: '¿Por qué?'. Y respondieron: 'Por trata sexual'.

"Yo simplemente sonreí y dije: 'Tienen a la persona equivocada'. El hombre me miró seriamente y dijo: 'No, tenemos a la persona correcta'. Yo le respondí: 'No tienen a la persona correcta'", agregó el estadounidense.

Revocatoria de medidas

El caso continúa en investigación, según el Ministerio Público. El investigado pide que se acelere el proceso y que se tomen medidas tras lo resuelto por el Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en Pavas.

En julio del año pasado, cuando se realizó una audiencia para prorrogar las medidas cautelares por solicitud del Ministerio Público, la jueza penal Marjorie Ramos ordenó eliminarlas todas.

En su explicación, la juzgadora insiste en que "la versión de la denunciante no es creíble", ya que encontró contradicciones importantes entre lo dicho por la mujer y los elementos aportados por la defensa.

Ramos señaló que la denunciante afirmó haber estado sometida al estadounidense, dependiendo de él para vivienda y trabajo y sufriendo supuestas agresiones físicas, sexuales, verbales, emocionales y económicas.

Sin embargo, la defensa presentó documentos, fotografías y conversaciones que, según la resolución, demostraban que durante ese mismo período ella viajaba a Estados Unidos para visitar a su pareja sentimental.

"Una imagen vale más que mil palabras; en estas fotografías y el texto de la conversación escrita sostenida con un testigo, evidencia una mujer independiente, empoderada y con recursos económicos para viajar, que una población bastante grande en este país no puede realizar debido a su situación financiera", dice la resolución incluida en el expediente 24-000033-1321-PE, de la cual Teletica.com tiene copia.

Además, la jueza subraya que la denunciante mantenía actividad empresarial, cuentas bancarias propias y hasta recibió ayuda del estadounidense para regularizar su situación migratoria, debido a que también es extranjera.

"La ofendida parece estar utilizando el sistema judicial a su favor, y en perjuicio de una persona adulta mayor, que en grado de probabilidad es víctima de explotación por parte de la ofendida, que aparte de toda la ayuda brindada en el pasado por el imputado y no contenta con su actuar, presenta una denuncia temeraria en contra del imputado, y pareciera que es motivada propiamente por la buena situación financiera que goza el imputado", agrega el documento.

Ringle pide que las personas responsables de la denuncia y de las decisiones que llevaron a su arresto respondan ante la justicia. También reclama que se le compensen los gastos en los que incurrió a raíz del proceso y pide garantías de que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, debido a que su arresto fue en realidad "sin ninguna razón".

“Quiero que el Gobierno de Costa Rica me dé la garantía de que nunca volverán a arrestar a alguien, exhibirlo públicamente, sabiendo que será destruido internacionalmente, sin haber hecho primero una investigación”, expresó.

“El fiscal debería llevar un curso, aprender qué establece la ley que debe hacer y después hacerlo”, añadió el extranjero.

¿Qué dice el Ministerio Público?

Luego de que se levantaran todas las medidas cautelares, el fiscal a cargo de esta investigación "no compartió el criterio e interpuso de manera oportuna el recurso de apelación".

"Este se fundamentó en que no se había realizado una correcta valoración integral del delito de trata de personas ni del concepto de servidumbre (según la Ley 9095). Asimismo, se apeló a que no se valoró adecuadamente el peligro procesal de obstaculización", informó la Fiscalía tras una consulta periodística.

El recurso fue conocido por el Tribunal de Apelación de la Sentencia, órgano que resolvió declararlo sin lugar y confirmar la decisión del Juzgado Penal. Ante esta instancia, el Ministerio Público no tiene la posibilidad de presentar un nuevo recurso de apelación.

Según la Fiscalía, la causa "se mantiene activa con las diligencias útiles y pertinentes para concluir la investigación, la cual se realiza de manera objetiva".

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