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Desde robos hasta impresión 3D: así se abastece el mercado negro de armas en Costa Rica
La UNED señala que el fenómeno ha adquirido una complejidad que obliga a abordarlo como un problema de seguridad nacional.
POR Stefanía Colombari | 13 de junio de 2026, 9:07 AM
El mercado ilegal de armas en Costa Rica ya no depende únicamente del contrabando o de los robos: hoy se alimenta de armas ensambladas con piezas que ingresan por separado al país, de tecnología de impresión 3D, de vacíos legales y de armamento originalmente inscrito de forma legal que termina en manos del crimen organizado.
Así lo advierte la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que señala que el fenómeno ha adquirido una complejidad que obliga a abordarlo como un problema de seguridad nacional.
Según el Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia (Fundepam), más del 77% de los homicidios registrados durante la última década fueron cometidos con armas de fuego, haciendo que el periodo 2014-2024 sea el más violento de la historia reciente del país.
Además, cerca de la mitad de las víctimas fueron jóvenes o menores de edad y cada vez son más frecuentes los casos de víctimas colaterales.
La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, explicó que el mercado negro funciona como una red de abastecimiento con múltiples vías de ingreso.
Entre ellas figuran las armas robadas a particulares o empresas de seguridad privada que primero compran las armas y después cierran dichas empresas. También existe el tráfico internacional por rutas marítimas, terrestres y aéreas.
Por otra parte, se da el ingreso de componentes separados que posteriormente son ensamblados dentro del territorio nacional, así como la fabricación artesanal mediante impresoras 3D y piezas metálicas.
La especialista advierte sobre debilidades en la legislación vigente que facilitan el desvío de armas legales hacia actividades ilícitas.
“Hay algunos vacíos que permiten de una u otra forma la inocuidad de que personas portadoras legales puedan prestar sus armas para fines ilícitos, incluso venderlas en el mercado negro, con una consecuencia mínima, una multa, cuando no pone denuncia, incluso se les termina retornando el arma a la persona portadora sin ningún tipo de sanción más fuerte y sigue teniendo el permiso de portación de armas” , indicó Jiménez.
Otro elemento que preocupa a los especialistas es la proliferación de armas modificadas para disparar en ráfaga.
Según Jiménez, este tipo de armamento suele ser utilizado por personas sin entrenamiento, que actúan impulsivamente y sin control sobre la trayectoria de los disparos, aumentando considerablemente la posibilidad de alcanzar a personas inocentes. La académica indicó que un proyectil puede recorrer hasta un kilómetro dependiendo de sus características y llegar incluso a atravesar estructuras, ampliando el riesgo mucho más allá del lugar donde ocurre el enfrentamiento.
A este escenario se suma otro vacío regulatorio: la adquisición de municiones.
Actualmente no existen límites claros sobre la cantidad de proyectiles que una persona puede comprar legalmente, situación que, según la especialista, podría facilitar el abastecimiento constante de organizaciones criminales a través de intermediarios.
La especialista recordó que el tráfico ilícito de armas es un desafío regional y que Centroamérica ya cuenta con mecanismos de cooperación impulsados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), orientados a prevenir la proliferación ilegal de armas, municiones y explosivos mediante acciones coordinadas entre los países de la región.