Defensores dan por muerto el caso Diamante tras anulación de escuchas

Fue el 10 de febrero pasado que el abogado Juan Marcos Rivero dijo que el caso de presunta corrupción policialmente conocido como Diamante estaba "herido de muerte", luego de que la declaratoria de crimen organizado de este fuera anulada.

Aquella lesión llevó al "fallecimiento" de ese escándalo tras la anulación de sus intervenciones telefónicas el 10 diciembre anterior, comentaron a Teletica.com otros de los defensores que intervienen en el expediente 20-009616-0042-PE.

"Yo lo visualizo básicamente como un cadáver en una morgue. Sí lo podemos simplificar, lo único que hace falta es hacer la autopsia para determinar cuáles fueron las razones por las cuales esto se convirtió de un caso que parecía tener una primavera floreciendo, a pasar simplemente a un cuerpo inerte que en este momento no tiene ni pies, ni cabeza, ni brazos, ni ojos; no ve, no escucha, no siente absolutamente nada, sino que está completamente inerte", aseguró el defensor Wálter Brenes.

Este jurista representa al exalcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, así como al gerente de Infraestructura de esa municipalidad, Cristian Boraschi.

Valga recordar que en esta trama de presuntas anomalías también figuran el gobernante local de Cartago, Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa). También se investiga a las constructoras MECO, H. Solís y Explotec.

"A uno, en el ejercicio profesional, especialmente como abogado defensor, sí le llama muchísimo la atención la falta de pericia o las inexistentes razones para haber gestionado todo un caso en razón de situaciones que ahora vienen a darnos la razón. Y que después de haber manchado los nombres de tantas personas en un caso que se convirtió tan mediático, pues genera nada más un llamado, digamos, a la conciencia de la fiscalía y de las autoridades judiciales, de que realmente tengamos más cuidado en la próxima ocasión, porque no se vale estar mancillando nombres de personas con algo que terminó siendo básicamente un cadáver en una morgue", agregó Brenes.

Su colega, Francisco Campos, quien representa a los gerentes de MECO, Alejandro Bolaños y Abel González, recordó que lo resuelto por el juez Johnny Cerdas no es más que la confirmación de situaciones que por años la defensa alegó.

En ese sentido, destacó que la resolución de hace unas semanas tendrá repercusiones que se vislumbran como catastróficas, especialmente por la nulidad de todas las pruebas recabadas, los informes elaborados a partir de estas, de los allanamientos que se ejecutaron el 15 de noviembre de 2021 y los decomisos que se realizaron en estos.

"Lo único que queda es la carátula. Los otros elementos que tenía el Ministerio Público eran los que pudieron haber extraído del caso Cochinilla y ya también el tribunal de juicio en una resolución reciente estableció que las pruebas que se obtuvo de esas intervenciones del caso Cochinilla son simplemente una notitia criminis en este caso, que no constituyen pruebas.

"Entonces prácticamente con lo que quedó el Ministerio Público es con la carátula, sin ningún elemento probatorio, porque todo fue anulado", enfatizó Campos.

La situación con ese expediente es tal, que ni siquiera la Procuraduría General de la República (PGR) cuestionó lo resuelto, sino que se manifestó conforme y, en tal sentido, descartó apelar. Así lo expresaron ambos juristas y lo ratificaron otros dos consultados por este medio que pidieron no ser citados en el presente artículo.

Teletica.com procuró confirmar esa versión con la institución, pero a través de su oficina de prensa se indicó que se darán manifestaciones hasta que la resolución adquiera firmeza.

Valga indicar que, a diferencia de la Procuraduría, el Ministerio Público apeló lo resuelto. Aunque algunos de los abogados que intervienen en el expediente señalaron que el recurso no fue debidamente fundamentado.

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