Juez ordena investigar posibles responsabilidades en Fiscalía por error en caso Diamante

El Juzgado Penal de Hacienda y de Hacienda de la Función Pública ordenó un testimonio de piezas —es decir, una investigación paralela— por aparentes anomalías en las actuaciones llevadas a cabo por jueces y fiscales en el caso policialmente conocido como Diamante.

La determinación fue anunciada el miércoles, como parte de la resolución en la que se anularon las intervenciones de las comunicaciones realizadas en la trama de presunta corrupción con obras públicas en el sector municipal.

Sin embargo, fue hasta este jueves que Teletica.com logró confirmar con varios de los abogados intervinientes que ese fue uno de los temas abordados por el juez Johnny Cerdas.

El escándalo en cuestión involucra a las constructoras MECO, H. Solís y Explotec, y a los exalcaldes, Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa), así como el actual gobernante local, Mario Redondo (Cartago).

Los allanamientos por este caso ocurrieron el 15 de noviembre de 2021, pero el 10 de febrero pasado, el decisor Ricardo Alvarado decretó la ineficacia de la declaratoria de crimen organizado dictada en el expediente 20-009616-0042-PE.

Ahora, la noche del miércoles, en una nueva resolución, se esclarecieron los alcances de aquel voto 052-2025. Fue así como se arribó a la anulación de las escuchas telefónicas.

El defensor de Barahona, Wálter Brenes, comentó:

"Me parece que en un ejercicio muy responsable, el juez tomó la decisión de testimoniar piezas para que se realice una investigación en relación con las actuaciones de del Ministerio Público, que participaron en este proceso, siendo que puede llegar a determinarse y que, específicamente, podría existir alguna responsabilidad ya fuera a nivel administrativo, civil o hasta incluso penal, en relación de lo que está pasando".

Por su parte, el abogado Francisco Campos, quien representa a los gerentes de MECO, Alejandro Bolaños y Abel González, adicionó:

"No por un hecho específico, sino para que la Inspección investigue. No mencionó nombres de fiscales ni funcionarios judiciales. Simplemente, dijo que había habido muchas irregularidades y que debería remitir a la Inspección Judicial y Fiscal. A las dos".

Las declaraciones de estos juristas coinciden con las dadas por otros dos abogados consultados por este medio, quienes pidieron no ser mencionados en esta publicación.

Por su parte, el Ministerio Público enfatizó en que el “error judicial” que declaró la ineficacia de la prueba derivada de las intervenciones no le es atribuible.

"El despacho es respetuoso de la resolución del Juzgado Penal, sin embargo, no comparte sus argumentos, por lo cual interpuso el recurso de apelación correspondiente.

"Se aclara en ese sentido que la decisión del Juzgado aún no se encuentra en firme, por lo que la prueba sigue teniendo validez en el proceso", señaló a Teletica.com la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

No obstante lo anterior, la Unidad de Inspección Fiscal indicó, mediante la oficina de prensa del Ministerio Público, que al cierre de este artículo no había recibido el mencionado testimonio de piezas. Mientras que la Inspección Judicial mantenía en trámite una consulta en idéntico sentido efectuada a través del departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Ya desde el 10 de febrero anterior, cuando este medio dio a conocer la resolución que anuló la declaratoria de crimen organizado, ese órgano había abierto una investigación disciplinaria bajo la sumaria 25-000500-031-DI, en contra de una juzgadora de apellido Jiménez, por el uso de un “machote” en una resolución, que fue precisamente la que motivó la ineficacia.