POR Gabriel Pacheco | 16 de agosto de 2025, 8:00 AM

En San José, miles de personas viven en cuarterías: edificaciones que ofrecen cuartos o espacios para estancias prolongadas a bajo costo, muchas veces en condiciones de hacinamiento y con servicios básicos limitados. 

Sin embargo, no todas funcionan igual, ni todas pueden ser intervenidas por la policía con la misma facilidad.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, explica que las cuarterías no siempre están asociadas a criminalidad. En la capital, entre 11.000 y 15.000 personas, muchas familias con niños y trabajadores, las usan como su hogar debido a la pobreza y la falta de opciones habitacionales, según las estimaciones del municipio.

Otras, sin embargo, sirven como refugio temporal para personas buscadas por la justicia, para consumo y tráfico de drogas o para actividades ilícitas.

La capacidad de la policía para intervenir una cuartería depende del estatus legal de la estructura:

Si la edificación tiene actividad comercial: En el caso de hoteles o pensiones con patente municipal, aunque hayan desvirtuado su función, la policía puede ingresar a las áreas comunes para inspeccionar, solicitar permisos y verificar condiciones.

Si se detecta que el uso no corresponde a la licencia otorgada, la municipalidad puede aplicar sanciones o clausurar el local. Solano dice que han encontrado lugares con patente de parqueo o bodega, pero realmente hay cuartos en su interior, pero hay un límite. 

"Cada uno de los cuartos se considera propiedad privada y requeriríamos una orden judicial o un delito en flagrancia para poder realizar una fiscalización a fondo en cada uno de esos cuartos", explica el jerarca. 

Otro escenario es cuando la cuartería está en una propiedad privada utilizada como vivienda. En ese caso el ingreso policial está restringido. Solo es posible entrar con una orden judicial o si se comete un delito en flagrancia.

Por ejemplo, existen cuyo alquiler está distribuido entre varias familias e incluso hay condiciones de hacinamiento, pero dada la existencia de un contrato de arrendamiento, este especio entra en la categoría de vivienda.

Solano explica que, en las cuarterías con actividad comercial, algunos administradores bloquean el acceso de los oficiales. Esto permite que personas buscadas se oculten “puertas adentro”, aprovechando las limitaciones legales.

El jefe policial enfatiza que el abordaje de las cuarterías debe ser integral, con participación de instituciones como el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos y las municipalidades. 

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