Para nadie es un secreto que, en los últimos años, Costa Rica ha atravesado una realidad compleja, en la que miles de ciudadanos han perdido la vida como parte de la disputa de territorios en la que se han enfrascado los grupos narco.
Tal es el caso que, el 2023 y el 2024 han sido los más violentos en la historia del país. El 2025, lejos de perderle el paso a esos años, amenaza con superarlos.
En ese contexto es que el Estado de la Nación ha dado seguimiento en sus informes anuales a los efectos que esa ola de violencia tiene en la economía. Hace un año, se estudió el impacto que esta ha tenido en los salarios. Ahora, analizó cómo afecta a la industria y el comercio.
Para medir tal situación, un equipo que participó en la elaboración del estudio publicado este jueves llevó a cabo un análisis econométrico, a partir del consumo eléctrico que tienen los sectores industrial y comercial en los cantones, así como las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes para esos mismos territorios.
"Utilizando esta información, lo que se encuentra es, primero, que ante mayor tasa de homicidios, disminuye la actividad industrial. Y esto es una potencial amenaza a la generación de empleos y a las inversiones de largo plazo en Costa Rica. La otra, que pareciera un poco contraintuitiva y hay que tener un poquito de cuidado en cómo plantearla, es que ante mayor tasa de homicidios, mayor actividad comercial", explicó en entrevista con Teletica.com el investigador Marco Hidalgo.
Para el experto, una interpretación errónea de ese último hallazgo sería decir que deben aumentarse los asesinatos para mejorar el comercio.
El matiz adecuado —amplió el especialista— va orientado a que se trata de una situación de origen.
"Los homicidios en Costa Rica, sobre todo concentrados en las costas y en las fronteras, se soportan la actividad comercial. Pequeños negocios, típicamente asociados a empleo informal, que necesitan muy, muy baja inversión.
"En esta línea de investigación, probablemente en siguientes años vamos a seguir investigando al respecto, pero un poco la hipótesis hasta ahora es que, si pensamos en el narcotráfico, por ejemplo, es una actividad a la no le conviene tener actividad policial cerca y, entonces, se confabula con pequeños negocios que ayudan precisamente a sostener la actividad violenta", agregó Hidalgo.
La investigación amplía que el crimen organizado necesita de pequeños comercios locales para sus operaciones de lavado, distribución y logística, lo que genera un crecimiento aparente de esa actividad, sin beneficios reales para la economía formal.
Actualmente, Costa Rica tiene una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El informe apunta que, dado el indicador alcanzado por el país, cabe utilizar el término de “epidemia de homicidios”.
El documento amplía que los 38 cantones con “tasas epidémicas” (superiores a 10 por cada 100.000 habitantes) representan el 62% de la producción nacional.
El Estado de la Nación agrega que, además de la creciente inseguridad, Costa Rica tiene un segundo frente que compromete su desarrollo económico: una infraestructura vial rezagada.
La desatención, la baja inversión y la deficiente gestión de proyectos en el sector de transportes, junto con el crecimiento acelerado de la criminalidad, generan pérdidas económicas, debilitan la competitividad y amplían las brechas territoriales, concluye el informe.
Respecto a la infraestructura, el estudio determinó que entre 2014 y 2024, se invirtió en promedio un 0,8% del producto interno bruto (PIB). La media cae a 0,5% del 2020 en adelante.
Lo anterior ocurre a pesar de que las obras contempladas en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 requerían un gasto equivalente al 4% de la producción nacional anual entre 2019 y 2035 para alcanzar estándares adecuados.
Destaca el informe los atrasos y sobrecostos significativos que tuvieron la Circunvalación Norte, la Ruta 32 y el proyecto Taras-La Lima en Cartago. En conjunto, los sobrecostos asociados con esas tres obras ascienden al 0,64% del producto interno bruto el año pasado.
El investigador adjunto del Estado de la Nación, Luis Vargas, afirmó que la falta de inversión y la mala ejecución de obras le cuestan caro al país. Los costos estimados para la problemática de transportes, únicamente por concepto de ingresos perdidos por parte de las empresas en 2024, ascienden a 1,58% de la producción nacional.
"Un ejemplo práctico es el puente sobre el río Tempisque, donde un cierre parcial durante 121 días costaría 1,38 veces su valor de reposición, mientras que un cierre total implicaría pérdidas equivalentes a 15,78 veces. En la mayoría de los casos, resultaría más barato reconstruir las estructuras que mantenerlas parcial o totalmente cerradas", explicó el experto.
El estudio concluye que, para avanzar hacia un desarrollo económico sostenido e inclusivo, Costa Rica debe aumentar la inversión pública en obras estratégicas de infraestructura de transportes, garantizar su ejecución eficiente y fortalecer el mantenimiento de activos clave como puentes y rutas nacionales.
Al mismo tiempo, recomienda una política de seguridad con enfoque territorial, capaz de contener la criminalidad y sus efectos sobre la productividad, el empleo y la cohesión social.