POR Juan José Herrera | 28 de agosto de 2022, 19:00 PM

El más reciente informe del Estado de la Justicia, presentado en julio anterior, reveló que solo entre 2019 y 2021, la cantidad de casos pendientes en materia de cobro judicial creció un 13,9% en el país, pasando de 749.959 casos a 854.412.

En materia notarial, penal y agrario, las variaciones también superaron el 9%.

Con esas cifras, no es de extrañar que los cinco candidatos que hoy aspiran a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia vean en la mora judicial el principal lastre a combatir.

El próximo lunes la Corte Plena elegirá al sucesor de Fernando Cruz de entre una lista compuesta por cinco magistrados.

Lea también

Política

Pulso por presidencia de la Corte: ¿Cuáles son las motivaciones de los candidatos?

La elección se realizará el próximo 29 de agosto, en sesión extraordinaria de Corte Plena, a partir de las 8:00 a. m.

En esa carrera compiten Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Segunda; Roxana Chacón Artavia, también integrante de la Sala Segunda; Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte y presidenta de la Sala Tercera y Luis Fernando Salazar Alvarado, miembro de la Sala Constitucional.

Teletica.com les consultó a los cinco cuáles serían sus prioridades en caso de resultar electos y cuáles también los principales retos que vislumbran para esa eventual gestión.

Estas fueron sus respuestas:

  • Roxana Chacón Artavia

“La prioridad será implementar cambios efectivos a lo interno del Poder Judicial para devolver la credibilidad a los usuarios que demandan una atención oportuna y más efectiva en la resolución de los conflictos que han sido presentados. La mora judicial sin duda alguna es el mayor reto a vencer.

“El plan a desarrollar será revisar todas las Jurisdicciones que mantienen expedientes con mora judicial, para atender a las causas e impedimentos que se están presentando para dictar justicia pronta y cumplida”.

Añadió, además, que impulsará la definición de agenda legislativa del Poder Judicial que incluya las reformas necesarias para agilizar su funcionamiento.

  • Luis Guillermo Rivas Loáiciga

“La tarea prioritaria es lograr una mayor celeridad en la solución del conflicto judicial. Nos reclaman que somos lentos. Debemos atacar la mora, haciendo más cantidad de sentencias, en menor tiempo y con calidad.

“Hay que dotar de destrezas gerenciales a todas las oficinas, y potenciar el uso de las tecnologías de la información que se adaptan completamente a nuestro quehacer, para lograr esa mayor velocidad en la respuesta a las demandas judiciales”.

  • Patricia Solano Castro

“Asumiría la presidencia de la Corte Suprema de Justicia bajo un liderazgo enfocado en generar espacios de diálogo, apertura y unión, para un gobierno judicial y una administración de justicia responsable, ejercida con los más altos estándares de calidad, ética, transparencia e independencia.

“La idea es impulsar una serie de estrategias para la planificación y el desarrollo, para gestionar la mora judicial de manera técnica, mejorar la gestión del gobierno judicial, enfrentar la corrupción y crimen organizado con la complejidad que lo requiere; así como mejorar nuestros canales de comunicación, aplicando las mejores herramientas para optimizar nuestros limitados recursos, apoyándonos en la innovación de la tecnología de la información y el análisis de datos, para una verdadera mejora integral de la administración de justicia”.

  • Luis Fernando Salazar

“Hemos diseñado un plan de trabajo cuyo objetivo es reducir la mora judicial y así garantizar a los usuarios el principio de justicia pronta y cumplida, para ello, en conjunto con los jueces coordinadores de los circuitos judiciales, detectaremos los nudos críticos en los procesos que reflejen una alta morosidad para darles solución.

“Además, desconcentrar la agenda de la Corte Plena será una prioridad, dándole al Consejo de la Judicatura todos los nombramientos de las personas juzgadoras, y al Tribunal de la Inspección Judicial todos los asuntos disciplinarios de la judicatura, de tal forma nos podremos enfocar en los temas que generen un impacto en los servicios de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, visitaremos periódicamente comunidades y circuitos judiciales para conocer las necesidades y ejecutar las soluciones requeridas”.

  • Orlando Aguirre

“El Poder Judicial se encuentra inmerso en una situación compleja, la cual, por un lado, a través de medidas de contención del gasto y de regulación público, se pone en peligro su independencia, y por el otro, la Corte Suprema de Justicia presenta un rezago en su funcionamiento, con un atrasado de dimensiones importantes, en la atención de sus competencias.

“En relación con el primer aspecto de la situación, como Presidente de la Corte, en el caso de ser designado, trabajaré en defensa de los intereses institucionales, para que las medidas afecten en lo mínimo la función esencial del Poder Judicial, cual es la administración de justicia (…) En relación con lo segundo, es menester trabajar en poner al día la Corte, cumpliendo cuanto antes todos los pendientes, entre ellos los nombramientos en la Fiscalía General de la República, miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, en algunas Direcciones y en el Tribunal Supremo de Elecciones.

“En forma paralela a lo anterior, impulsaré reformas para eliminar varias competencias ordinarias que impiden al Órgano Judicial ejercer adecuadamente sus competencias constitucionales de gobierno”.

Procedimiento

La sesión de la Corte Plena arrancará el lunes a las 8 a. m. con un debate público para que todos los aspirantes expongan sus propuestas y planes de gobierno.

Concluido este se iniciará de inmediato con la votación, en la que se necesitará el respaldo afirmativo de al menos 12 magistrados (mitad más uno) para declarar un ganador.

Lea también

Política

Cinco magistrados aspiran a la presidencia de la Corte

La elección está programada para el próximo 29 de agosto, en un proceso en el cual es necesario obtener 12 votos de los 22 posibles.

Esa votación será secreta pues así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De ser necesario se realizarán hasta cinco rondas de votación; en caso de que ninguna de estas arroje un ganador, se convocará a un nuevo proceso de elección una semana después.

En ese periodo se podrán proponer nuevas candidaturas.

Ese proceso se repetiría las veces que fuera necesario hasta lograr dar con una elección.