POR Christian Montero | 5 de marzo de 2024, 15:21 PM

Un colaborador del hogar Manos Abiertas tenía una caja fuerte en su casa, de la cual se extrajeron ¢154 millones en efectivo.

El hallazgo fue confirmado por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante una consulta de Teletica.com.

Los fajos de billetes fueron encontrados en una vivienda en el condominio Villa Flores, en Desamparados de Alajuela, durante un allanamiento ejecutado en el marco del expediente 23-00001-1869-PE, en el que el Ministerio Público y la Policía Judicial persiguen una presunta malversación de fondos, un supuesto peculado y una aparente legitimación de capitales.

Lea también

Nacional

ONG vinculada a aparentes torturas recibió poco menos de ¢6.500 millones del Estado en 5 años

El Organismo de Investigación Judicial sospecha de la posible malversación de una parte de estos recursos, para la adquisición de bienes, terrenos y viajes.

Esa vivienda pertenece a un hombre de apellido Granados, de 52 años de edad. Él es un ingeniero, quien asistía a la organización no gubernamental con asuntos relacionados con su profesión, indicó a este medio el vocal de la Junta Directiva de Manos Abiertas, Édgar Rodríguez.

Teletica.com consultó al representante de la fundación si tenía conocimiento sobre por qué este colaborador tenía en su poder esa cantidad de dinero en efectivo, el vocero señaló que no podía referirse a ese particular, pues se trataba de un asunto privado, externo a la organización sin fines de lucro.

Granados permanece aprehendido junto a cuatro mujeres de apellidos Rodríguez (madre superiora, 54 años), Villalobos (colaboradora, 44), Quirós (colaboradora, 39) e Hidalgo (colaboradora, 52).

A los cinco se les achacan los supuestos de explotación y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado, así como legitimación de capitales.

Lea también

Sucesos

"Aquí se trabaja con amor y con respeto", dice fundación allanada por supuesta tortura

El hogar intervenido estaba en trámite para ser reconocido por la Iglesia católica.

Los primeros dos delitos se relacionan con la aparente contratación de cuidadores y otros personeros, a los que presuntamente se les sometía a extensas jornadas de trabajo, sin que se les reconociera un salario u horas extra.

Pero tres fiscalías también investigan situaciones que, presuntamente, se dieron en la atención de menores de edad y adultos mayores en fase terminal, por parte de los imputados.

Sin embargo, la línea original de investigación apunta a que los imputados posiblemente tuvieron un manejo irregular de los casi ¢6.500 millones que el Estado transfirió a Manos Abiertas en los últimos cinco años. Esto por cuanto se cree que una parte de esos recursos fueron utilizados para la compra de propiedades, bienes y viajes al extranjero.