Celso Gamboa podrá explicar de viva voz por qué se debe anular su extradición

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José fijó para el 26 de noviembre próximo una audiencia oral, para conocer las apelaciones de Celso Gamboa y su defensa técnica contra su extradición a Estados Unidos.

La programación de la vista se desprende de la resolución 2025-1945, de la que Teletica.com tiene copia.

Será en este espacio que las partes podrán referirse a los motivos por los que consideran que debe anularse una resolución del 7 de octubre pasado, que avaló la entrega del exmagistrado al gigante norteamericano, en el marco de un proceso que se le sigue por presunto tráfico internacional de drogas.

Precisamente, los abogados del exministro de Seguridad Pública han sido insistentes en la necesidad de que se concediera una vista oral al extraditable. Tal posibilidad, sin embargo, le fue negada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, que fue el que conoció en primera instancia el requerimiento de Estados Unidos.

"Es una situación que se nos ha cercenado durante todos estos cinco meses por parte del Tribunal de San José. Esperaríamos que el Tribunal de Apelación en este caso no continúe violentando esos derechos fundamentales, esos derechos procesales, como ese es el derecho a ser escuchado y se celebre una audiencia oral y privada para que el Tribunal de Apelación en aplicación de esa oralidad que es la que nos cobija en el derecho penal, que nosotros podamos explicarle al tribunal en pleno por qué es que debe declarar con lugar el recurso y por qué debe rechazar la extradición en el caso que nos ocupa de don Celso", explicó recientemente en entrevista con Teletica.com el representante del también exfiscal, Michael Castillo.

Amplios alegatos

En el caso particular, se plantearon dos recursos: uno presentado por el propio Celso Gamboa en ejercicio de su defensa material y el otro interpuesto por el equipo legal que conforman Michael Castillo y la hermana del exmagistrado, Natalia Gamboa.

Ambas apelaciones abordan temas distintos. La resolución resume los alegatos del exministro de la siguiente manera:

• Violación directa al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del “reo” y a la seguridad jurídica en la reforma al artículo 32 constitucional, la cual es norma sustantiva y no procesal.
• La quiebra del control jurisdiccional y la soberanía por la aceptación acrítica de una “causa probable” fundada en testigos espectrales y pruebas obtenidas ilegalmente en suelo patrio.
• El espejismo de la doble incriminación y la imposibilidad lógica y jurídica de equiparar “conspiración” con “asociación Ilícita”.
• El proceso como instrumento de persecución política y la violación sistemática del debido proceso.
• Incumplimiento de promesa de no imponer cadena perpetua.

Mientras que los de la defensa técnica giran alrededor de los motivos señalados a continuación:

• Violación al principio de imparcialidad del juez a quo.
• Vulneración del deber de fundamentación.
• Vulneración del artículo 32 constitucional.
• Vulneración del principio de territorialidad y soberanía.
• Vulneración al principio de doble incriminación.
• Falta de fundamentación y vulneración de los principios de exclusión de nacionales, doble incriminación, especialidad y non bis in ídem ( “no dos veces por lo mismo”).
• Improcedencia de la extradición por razones de legalidad y conveniencia al tratarse de un costarricense por nacimiento.
• Fundamentación contradictoria por vulneración al principio non bis in ídem.
• Violación del numeral 40 constitucional por permitir que en caso de condena pueda imponérsele penas perpetuas.
• Fundamentación incompleta por violación del principio de irretroactividad de las normas constitucionales.
• Violación al principio de especialidad y al derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones con la entrega irrestricta del teléfono celular decomisado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

También se conocerán recursos planteados en favor de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, y de Jonathan Álvarez, conocido como “Profe”; contra quienes también se avaló su extradición a Estados Unidos en el expediente 25-000071-0016-PE.

En la sumaria en cuestión, además, constan tres contestaciones, dos de ellas realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la restante por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público.

Mensajes incorporados

Para la audiencia se admitieron una serie de pruebas ofrecidas por las defensas.

Esta incluye una copia de una resolución del 18 de julio de 2025, del oficio 8614-2025 de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia del 1° de diciembre de 2014 y la declaración de Celso Gamboa, en la que se prevé se referirá a las “torturas” que ha vivido mientras ha estado encarcelado.

Pero la evidencia que más llama la atención tiene que ver con unas conversaciones de WhatsApp alusivas a una presunta falta de transparencia del juez William Serrano, que fue el que conoció el pedido estadounidense de extradición. No obstante, no se ahonda en la resolución respecto a qué dicen los mensajes, por qué son comprometedores o qué relación tienen con el caso.

Eso sí, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José enfatiza que, para admitirse tal prueba, esta deberá cumplir con que sean aportadas máxime al inicio de la audiencia oral señalada y que se cumplan con los supuestos de los artículos 26 y 29 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones (secreto profesional y el consentimiento de los titulares del derecho).

Sobre este particular, a las contrapartes se les corrió audiencia por tres días hábiles, que empezaron a contarse este miércoles.

Lea también