Hace casi cinco años, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó abrir un juicio contra el empresario Juan Carlos Bolaños y otras ocho personas por las supuestas anomalías ocurridas en créditos por $13,5 millones otorgados por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) para la importación de cemento chino.
Ese debate aún no se realiza, pero ya fue debidamente señalado, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante consulta de Teletica.com.
Tendrá lugar del 2 de noviembre próximo hasta —en principio— el 22 de enero de 2027, en el Tribunal Penal de la misma jurisdicción. Sin embargo, en caso de ser necesario, el contradictorio podrá ser prolongado por el tiempo que sea necesario.
El caso en cuestión se tramitó bajo el expediente 17-000013-0033-PE y en él, la Unidad Especializada de la Fiscalía General acusó el 14 de febrero de 2020 múltiples cargos de influencia contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
La pieza del Ministerio Público señala, además de Bolaños, a la esposa de este, de apellido Suárez, así como a un primo del mismo que fungía como gerente general del Grupo JCB, de apellido Rojas, además del gerente financiero, de apellido Cortés.
Pero también acusa a otras cinco personas, quienes para el momento de los hechos ocupaban cargos en entidad financiera. Estos son de apellidos Delgado (jefe de la División de Banca Institucional), Bogantes (analista de créditos), Gómez (ejecutivo de negocios), Thompson (ejecutivo de negocios) y Arias (perito).
De acuerdo con la acusación, los imputados supuestamente dirigieron acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria JCB, para la importación y comercialización de cemento proveniente de China.
En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron ese producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.
La investigación señala que, presuntamente, Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, acordaron ser socios comerciales en la venta del producto, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del préstamo.
De igual manera, las indagaciones arrojan que, con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, no se importó cemento.
Aunque Bolaños no se ha referido concretamente a las irregularidades con las que se le asocia en el Banco Popular, el empresario sí comentó recientemente a los casos que se siguen en su contra.
El 13 de enero anterior, en la antesala de un juicio que afronta por supuestas dádivas que dio al exmagistrado Celso Gamboa a cambio de que este se interesara indebidamente en sus asuntos penales, Bolaños dijo ser víctima de una “estafa procesal”, que es como él se refiere a las tramas de corrupción del escándalo del “Cemento Chino”.
Alrededor de esa persecución, sostiene el empresario, están intereses de la Fiscalía, entre otras personas.
Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Banco Popular.