"La aspiración de cada persona rectora es llevar más recursos a su universidad, porque su objetivo es que su universidad crezca. Ese es el objetivo de cada una de las cuatro rectorías, pero resulta que el objetivo del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) es exactamente el mismo. Tenemos exactamente la misma función y esa función pasa porque la Universidad de Costa Rica no pierda recursos para el desarrollo de su actividad sustantiva".
De esa manera resumió Carlos Araya, en entrevista con Teletica.com, su visión respecto a las aspiraciones alrededor de una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El académico es claro en que no cierra la puerta a que otras casas de enseñanza crezcan presupuestariamente; no obstante, también es enfático en que ello no puede darse mientras se perjudica a los que históricamente más han recibido, pues estas necesitan esos recursos para operar.
"Se aspira a una redistribución mayor y el Gobierno de la República particularmente señala que se deben favorecer a las universidades que tienen menos participación en el FEES. Y el Gobierno tiene toda la potestad, porque para eso fueron electos, para definir política pública.
"Y si la política pública dice que el financiamiento debe priorizarse en la Universidad Técnica Nacional (UTN), en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y en el Instituto Tecnológico (TEC), el Gobierno de la República tiene toda la potestad de hacerlo. Pero tiene que ser consecuente. Y ser consecuente es asignar los recursos para el fortalecimiento de esas universidades", señaló el rector.
En ese planteamiento incluso coinciden sus homólogos del Instituto Tecnológico, María Estrada, y de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas.
Cuando ambos externaron a este medio los porcentajes que esperan recibir como parte de su presupuesto de 2030 —20,0% y 8,0%, respectivamente—, los rectores reconocieron que ese incremento no puede afectar a otras U.
"Ese fortalecimiento no se vale decir que se da a costa de reducir el presupuesto a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional. Y hemos insistido muchísimo en que la Universidad de Costa Rica está convencida de la necesidad de que el sistema de educación superior público sea más robusto. Y para ello requerimos que estas universidades sean más robustas", insistió Araya.
¿Y qué pasa si en ese escenario la situación fiscal es comprometedora?
Pues el académico recordó que, hace 10 años, la inversión en educación superior alcanzaba el 1,6% del producto interno bruto (PIB) y, en la actualidad, oscila el 1,1%; es decir, medio punto porcentual menos.
En ese marco, Carlos Araya abogó por el cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política, que establece que el presupuesto de las casas de enseñanza superior estatal se debe ajustar a la inflación anual, sin posibilidad de una reducción.
También porque se respete el numeral 78 de la Carta Magna, que asigna un presupuesto de al menos el 8% de la producción nacional a la educación (actualmente ronda el 4,8%).
Para el rector, el Sistema Universitario Estatal debe unirse para procurar un aumento en la inversión en la enseñanza superior, como ya ocurrió entre 1990 y 1998.
"La aspiración es una aspiración de fortalecer la educación en todos sus niveles y de fortalecer, por ende, la inversión, en el caso de la Universidad de Costa Rica, para poder continuar aportando al país día a día. El valor público que la Universidad de Costa Rica le aporta al país es invaluable.
"Pero así como es de invaluable, es de importante. No solo para el sector productivo, sino también para el sostenimiento mismo de nuestro sistema democrático", explicó el académico.
Araya rechazó que la institución que dirige tenga de alguna forma contemplada una reducción en el porcentaje que recibe del Fondo Especial (50,0%).
En línea con lo anterior, defendió que la Universidad de Costa Rica ha sido "generosa" en sus aportes para una redistribución presupuestaria desde hace más de dos décadas, cuando se empezó a discutir el tema y se introdujeron los llamados Fondos del Sistema.
De esa manera, el porcentaje que esa casa de enseñanza recibe se redujo de 57,6% a 50,0%.
Y ese monto se vuelve indispensable —según el académico— para una universidad que debe ser "completa" por mandato constitucional, lo que la obliga a abarcar todas las áreas de conocimiento, tanto en su oferta académica como en el desarrollo de investigación.
Araya agregó que ese centro educativo es el que gradúa al 44% de los profesionales en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés), al tiempo que financia el 77% de la inversión en investigación y desarrollo.