El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sí asistirá a la reunión convocada por la presidenta Laura Fernández con autoridades judiciales.
Aunque está fuera del país, un cambio de última hora permitirá que Díaz vuelva a tiempo para el encuentro del próximo lunes 18 de mayo, a las 10 a. m., en Casa Presidencial.
El viaje del fiscal tenía que ver con "compromisos internacionales vinculados con el fortalecimiento de la cooperación y las estrategias de combate a la criminalidad organizada transnacional".
"Conforme lo dispone la legislación vigente, durante ese período asumió funciones la fiscala general subrogante (Karen Valverde), por lo que el Ministerio Público iba a estar representado por la jerarca, como titular en ejercicio.
"Sin embargo, considerando la relevancia institucional de este espacio de intercambio y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre los poderes del Estado, se realizaron las gestiones correspondientes para que el Fiscal General regrese al país y participe personalmente en la reunión convocada por el Poder Ejecutivo", explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Al confirmar su participación, en la cita con Fernández estarán los máximos representantes del Poder Judicial: Orlando Aguirre, su jerarca; la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano; el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, y ahora Carlo Díaz, fiscal general.
En la convocatoria, la presidenta informó que el objetivo de la reunión es comunicar las "reformas profundas" que considera deben realizarse al Poder Judicial, para hacer "una gran cruzada nacional" contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Orlando Aguirre adelantó que, en la reunión, el Poder Judicial planteará la necesidad de avanzar en una "reforma profunda" —término usado por Laura Fernández— al Código Procesal Penal para ajustarlo a las "nuevas dinámicas" del crimen organizado, que incluye estructuras más sofisticadas, más recursos y tecnología.
De igual forma, el magistrado aseguró que considera relevante revisar la normativa relacionada con la prisión preventiva, para dar a los jueces "herramientas más claras y actualizadas" de cara a la valoración de los riesgos procesales en esos casos.
Eso sí, Aguirre enfatizó que cualquier cambio que se aplique en esa línea deberá hacerse en respeto al marco constitucional y los derechos humanos.
Los otros invitados a la reunión no han adelantado las propuestas que llevarán a la mesa.