El fracaso en el que han resultado varios proyectos tipo "llave en mano", producto de la falta de ofertas ante la ausencia de un mecanismo de reajuste de precios, llevó a la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) a plantear una reforma reglamentaria para volver al sistema automatizado anterior.
En entrevista con Teletica.com, el director ejecutivo de la organización empresarial, Rándall Murillo, explicó que dichos planteamientos surgen en el tanto que, desde su perspectiva, las empresas del sector no están listas para asumir riesgos que se escapan de su control en contratos de larga duración.
La alerta surge tras lo sucedido con la licitación correspondiente al nuevo Hospital Tony Facio, en Limón, uno de los proyectos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fue declarado desierto. Una de las razones que en la institución dan de ese resultado es, precisamente, la falta de un mecanismo de reajuste de precios.
Pero de acuerdo con el vocero, no se trata de un caso aislado. Situaciones similares se presentaron con otras obras de la entidad que vela por la seguridad social, como la remodelación de Hematooncología en el Hospital Nacional de Niños (HNN) y la ampliación de Emergencias de Neumología en el Hospital San Rafael de Alajuela.
También se han registrado licitaciones desiertas en el Instituto Nacional de Seguros (INS), específicamente en la sucursal de Puntarenas, así como en proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral (Proeri).
Murillo recordó que las licitaciones "llave en mano" abarcan diseño, construcción y equipamiento. Solo entre el momento en el que se presenta la oferta y el inicio del diseño transcurre hasta un año. Luego pasan otros dos años en los que se avala el diseño y se inicia con la ejecución de la obra.
"Para una empresa es prácticamente imposible que tres años o cuatro años antes, en el momento en que está haciendo una oferta, pueda adivinar, pueda sacar una bolita de cristal para entender cuál es el precio que va a tener que gastar en la varilla cuando empiece la construcción en dos años, o un equipo de rayos X cuando termine la construcción y haya que equipar el hospital dentro de cuatro años", explicó el director ejecutivo.
Para el vocero de la Cámara de la Construcción, el problema radica en que, sin el reajuste de precios, se traslada todo el riesgo a la empresa constructora.
Murillo enfatizó que las compañías deben hacerle frente a aspectos relacionados con la construcción, pero no a variables externas.
"Lo que no puede asumir una empresa constructora es el riesgo de si el dólar va a subir o va a bajar, de si hay una guerra en algún país del mundo que va a afectar los precios del acero, de si hay una situación en Estados Unidos o en Europa que afecta el costo de los equipos, etcétera. Una empresa no sabe eso, no lo conoce, no lo entiende y no tiene por qué asumir riesgos que van más allá de la obra", subrayó.
Sin el ajuste, las empresas se ven obligadas a especular o a subir sus precios para protegerse, algo que, para Murillo, resulta irresponsable. Pero también, como consecuencia, se tiene que la mayoría decide no participar en los concursos.
El director ejecutivo abogó porque se regrese al esquema anterior, con el que se aplicaban tanto aumentos como reducciones automáticas en los costos del contrato, a partir de índice oficial. Bajo ese sistema, si el precio de un insumo bajaba, la constructora devolvía el dinero al Estado; si subía, la institución ajustaba el monto correspondiente.
"Nuestra propuesta básica es volver al modelo que teníamos anteriormente, que funcionó durante décadas y funcionó muy bien. Eran unos reajustes automáticos donde, basados en el índice que calcula el mismo Estado, o sea, no los calcula el privado; donde nunca había ningún cuestionamiento ni para arriba ni para abajo, simplemente lo que decía el índice", indicó el vocero.
Con el objetivo de regresar a ese modelo, la Cámara de la Construcción insiste en su planteamiento al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República (CGR), pero hasta ahora, este no ha sido escuchado. No obstante, dado el impacto visto recientemente, crece la esperanza de una mayor apertura para eventuales cambios al reglamento.
La directora de Contratación Pública de Hacienda, Yesenia Ledezma, aseguró el 26 de mayo pasado que el Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios regula cómo se actualizan los montos por factores externos, como la inflación, los salarios o los insumos.
"Su objetivo es mantener el equilibrio económico del contrato, evitando paralizaciones, incumplimientos o sobreprecios. Establece reglas objetivas, fórmulas e índices oficiales, limitando la discrecionalidad. Esto es clave para la continuidad de la obra pública, la protección de los recursos públicos y la transparencia en el gasto estatal", subrayó la funcionaria.
Para aquel momento, antes de que se hiciera la entrevista a Murillo, Ledezma descartó que se contemplara algún cambio a la normativa. Sobre el particular, este medio pidió una actualización desde el 30 de julio pasado, sin que se haya recibido respuesta alguna.
La División de Contratación Pública de la Contraloría, por su parte, declinó pronunciarse sobre los planteamientos de la Cámara de la Construcción, al aducir que el decreto del reglamento emanó del Poder Ejecutivo el 29 de enero de 2025.
Aparte del reajuste de precios, el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, Rándall Murillo, identificó otros dos factores que frenan la participación de empresas en los procesos de contratación.
El primero es la injerencia de la administración en el diseño de proyectos "llave en mano". A pesar de que la responsabilidad técnica recae en las compañías, las instituciones suelen exigir cambios durante el proceso, lo que genera incertidumbre sobre quién asume las consecuencias.
Pero en segundo lugar, se apuntó un requisito de la Ley General de Contratación Pública que prohíbe a un subcontratista presentar oferta con más de un contratista general. Esto limita la participación, ya que existen áreas en las que hay pocos proveedores de insumos especializados.
Sobre este último aspecto, la organización empresarial también asegura haber planteado una propuesta, tanto al Gobierno como a algunos diputados.