La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera ha vuelto a poner el foco sobre la situación de la Costa Caribe de Nicaragua, donde confluyen la presión sobre los territorios indígenas, el deterioro ambiental y la expansión de la minería.
"Brooklyn Rivera fue durante más de cuatro décadas una de las principales voces en defensa de la autonomía de la Costa Caribe, los derechos territoriales y la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua", recuerda a DW Ingrid Hausinger, directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.
"La Costa Caribe alberga cerca del 80 por ciento de los bosques de Nicaragua y es donde se ubican las reservas de biosfera Bosawás y Río San Juan, que incluye la reserva biológica Indio Maíz. Estas reservas forman uno de los complejos forestales continuos más relevantes de toda Mesoamérica y, al mismo tiempo, son el territorio de numerosos pueblos indígenas y afrodescendientes", recalca la directiva alemana.
La pérdida de Brooklyn Rivera hace más de un mes supuso una conmoción. "El fallecimiento es una responsabilidad directa del régimen de Ortega Murillo y de las condiciones carcelarias en que mantiene a presos políticos, incluyendo a presos políticos indígenas", critica a DW Amaru Ruiz, presidente de la organización nicaragüense Fundación del Río.
Las circunstancias que rodearon su muerte, así como la desaparición de familiares que se desplazaron a Managua para recuperar sus restos han centrado la atención mediática, mientras que la situación de la Reserva Indio Maíz y Bosawás ha quedado en un segundo plano, a pesar de su importancia.
"Bosawás es la reserva forestal más grande de Centroamérica, declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1997. La Reserva de Biosfera Río San Juan, declarada por la UNESCO en 2003, constituye la segunda reserva de biosfera más grande de Nicaragua. Dentro de ella se encuentra la Reserva Biológica Indio Maíz, así como el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, declarado sitio Ramsar por la importancia internacional de sus humedales", subraya Ingrid Hausinger.
"Ambas reservas albergan los últimos bosques intactos del país y, a pesar de eso, lo que ha habido es un deterioro, un proceso de invasión y un proceso de concesiones mineras que el régimen de Ortega Murillo ha permitido en el país y dentro de las áreas protegidas", denuncia el nicaragüense Amaru Ruiz desde el exilio.
"Durante las últimas dos décadas, estas áreas han experimentado un profundo deterioro como resultado de la expansión de potreros, cultivos, asentamientos, caminos, tala y actividades mineras que han fragmentado los bosques", concuerda Hausinger.
El deterioro ambiental de estos territorios es un reflejo de la situación en el país. "Nicaragua anda entre 150.000 y 175.000 hectáreas de deforestación anual, un ritmo que es peor que en la época de Somoza, cuando se deforestaban unas 100.000 hectáreas", recuerda Amaru Ruiz, quien apunta otras problemáticas, como la pérdida de biodiversidad, el tráfico de fauna y el incremento de las concesiones y actividades mineras en las áreas protegidas del país.
"Entre 1983 y 2015, Nicaragua perdió aproximadamente 2,2 millones de hectáreas de bosque y se establecieron cerca de 1,4 millones de hectáreas de pastizales extensivos. La conversión de tierras a cultivos permanentes se multiplicó por diez durante ese período", complementa Hausinger.
La directora para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll apunta al contexto de impunidad como factor que permite las ocupaciones ilegales y la violencia. Así lo confirman los datos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que constatan que al menos 68 personas indígenas fueron asesinadas entre 2015 y 2024.
"En los últimos años, la minería ha adquirido un peso cada vez mayor, especialmente en Bosawás. La expansión tanto de la minería artesanal e ilegal, junto con el otorgamiento de concesiones sobre territorios indígenas o áreas de alto valor ecológico, ha intensificado la presión sobre los bosques, las fuentes de agua y las tierras comunales", puntualiza Hausinger.
"Hay violaciones de los derechos de la consulta libre previo informada en territorios indígenas", denuncia Ruiz, que asegura que existen "evidencias de desplazamiento de algunas comunidades, como en el caso de la comunidad de Bambana, por la empresa de Santa Rita Mining, donde hay destrucción incluso de casas de personas indígenas que estaban en la comunidad".
Según un informe publicado recientemente por la Fundación del Río, el 25 por ciento del territorio nacional está dedicado a la minería. En el mismo, se detalla que 84 concesiones mineras han sido otorgadas a empresas chinas, representando 1,2 millones de hectáreas. "Es decir el 10 por ciento del territorio nacional ya ha sido otorgado a empresas mineras chinas", advierte el presidente de esta Fundación.
"Las empresas mineras chinas que se han asentado en el territorio nacional cuentan con un acompañamiento. El régimen ha facilitado la entrega de estas concesiones mineras a estas empresas lo que ha desplazado incluso a otros capitales", explica el nicaragüense desde el exilio. Ruiz señala la modificación de la legislación ambiental y la legislación de estudios de impacto ambiental del país como factores que han impulsado este incremento.
"El régimen de Ortega Murillo a principios del año pasado modificó la ley de áreas protegidas para otorgar concesiones mineras dentro de áreas protegidas", critica Ruiz, y apunta que también se suspendieron "las consultas a nivel municipal, que antes era una obligación, y que también efectivamente el régimen modificó para facilitar y así aminorar los tiempos de entrega de las concesiones".
De este modo, el presidente de la Fundación del Río explica que ello ha hecho que el tiempo se haya reducido a un mes, cuando en el pasado este proceso podía demorarse entre seis meses y un año, o incluso hasta dos años para obtener todos los permisos ambientales y el aval social para instalarse en los territorios.
En este sentido, el informe apunta que "el régimen pretende expandir hasta el 40 por ciento del territorio nacional para ser concesionado para la actividad minera" y más allá de la extracción de oro, con minerales críticos como cobre, cobalto, hierro o zinc. "Esto, obviamente, genera preocupación y mayor nivel de riesgo sobre los impactos ambientales sociales de contaminación y económicos sobre el saqueo de estos bienes naturales del país", advierte Amaru Ruiz.