Enrique Meseguer, representante de la empresa HMG, aseguró este jueves que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sí fue advertida sobre las anomalías en los contratos de mascarillas que hoy investigan el Poder Judicial y el Legislativo.
HMG fue precisamente la empresa que esa institución eligió inicialmente para la compra de 10 millones de mascarillas médicas, una decisión que luego se revirtió en favor de las empresas MR Comunicaciones Políticas y otra del contador público David Landergren, ambos sin experiencia en esta área y que terminaron incumplimiento en sus contratos.
Meseguer aseguró a los diputados de la comisión que investiga estos contratos que ellos mismos enviaron una coadyuvancia donde advertían que en el caso de la empresa de Landergren no aparecía registrada ante la FDA (Food and Drug Administration) y que el registro presentado no era compatible.
“A hoy no podemos saber la calidad de esas mascarillas”, dijo el representante, aunque es público que ese equipo luego se reveló como de uso “no médico”.
Meseguer aseveró que nunca obtuvieron respuesta por esa coadyuvancia, pero que no fue la única señal de alerta.
“La segunda cotización que se nos pidió no se hizo en igualdad de condiciones, se quiso comparar los precios de ellos (MR Comunicaciones y Landergren) a gran escala contra ofertas pequeñas de nosotros.
“Pero no fue solo eso, los costos a nivel de fábrica varían centésimas de dólar entre oferta y oferta, entonces una diferencia de 20% por supuesto, como se nos dijo, era muy extraño, es una alarma total, un sesgo de la línea de mercado”, afirmó ante los legisladores.
Además explicó que la CCSS solicitó entre sus requisitos que los precios fueran DDP, es decir finales y entregados directamente ante la institución, pero que los contratos licitados eran CIF, es decir que la institución tenía además que hacerle frente a los costos de desalmacenamiento, seguros, aduanas y demás.
Recta final
Los siguientes tres jueves serán claves en el trabajo de esta comisión.
En el primero de ellos los diputados recibirán al gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes; el siguiente estará Hans Vindas, asesor señalado por su papel en esos contratos y quien se mantiene suspendido por la institución, y finalmente el último será el turno del presidente ejecutivo, Román Macaya.
Todas esas sesiones serán de 7 a. m. a 11 a. m.
Los diputados también aprobaron hoy una moción para que la contralora general, Marta Acosta, rinda cuentas sobre los alcances del informe presentado por esa entidad por las compras de emergencia realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) durante el año anterior, con motivo de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del COVID-19.