La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves un nuevo proyecto de ley que allanará el camino para que más inversionistas privados participen en su industria petrolera.
Esta fue una de las demandas clave de Estados Unidos después de que capturara al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar el pasado 3 de enero en Caracas.
"Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de Hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de ese recurso que se encuentra en las más grandes reservas del planeta", dijo el presidente de la Asamblea de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez.
Se espera que la ley entre en vigor una vez que sea firmada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien respaldó los cambios.
Las reformas que los legisladores venezolanos han votado hacer a la ley de Hidrocarburos del país revertirán décadas de estricto control estatal sobre la inversión extranjera en el sector petrolero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan en las vastas reservas de petróleo de Venezuela, a pesar de décadas de mala gestión y falta de inversión en la infraestructura de la industria, pero el control mayoritario de la empresa petrolera estatal sobre los proyectos petroleros en operación ha sido hasta ahora una barrera.
La reforma legal daría a las compañías internacionales que inviertan en empresas conjuntas con la firma estatal más control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Muchas empresas extranjeras fueron absorbidas por PDVSA cuando la industria fue nacionalizada en 1976, y años más tarde algunas abandonaron el país cuando el difunto presidente Hugo Chávez endureció el control estatal sobre la producción en 2007.
Algunas empresas dicen que todavía se les debe compensación después de que se hicieran estos cambios a sus contratos.
A pesar de las enormes reservas, la industria allí ha sufrido tras años de mala gestión y falta de inversión en la infraestructura, así como por fuertes sanciones incluyendo las de Estados Unidos.
Esta reforma permitiría a las empresas privadas operar campos petroleros si tuvieran contratos aprobados y daría a las empresas en empresas conjuntas con la firma estatal PDVSA más control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.
Algunos socios internacionales de PDVSA, como la empresa estadounidense Chevron que ha continuado operando en Venezuela a pesar de las sanciones estadounidenses debido a una licencia especial, habían solicitado previamente reformas a la ley.
La asamblea, dominada por legisladores que son aliados del expresidente Nicolás Maduro, aprobó el proyecto de ley con el respaldo de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina después de que Maduro fuera capturado en una operación militar estadounidense a principios de este mes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, instó a los legisladores a apoyar la reforma como parte de los esfuerzos para atraer inversión extranjera.
Los cambios marcan un giro significativo respecto a la ley de Hidrocarburos de 2006 introducida bajo el expresidente Hugo Chávez, que endureció el control estatal sobre el sector.
Los analistas dicen que la reforma podría ayudar a atraer de vuelta a las compañías petroleras extranjeras que se habían retirado en gran medida de Venezuela en los últimos años.
La votación se produce en medio de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela sobre la venta de petróleo venezolano sancionado, y Washington autorizó recientemente la exportación de decenas de millones de barriles.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que las ganancias se enviarán a una cuenta, inicialmente en Qatar.
Rubio explicó que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca y que luego se liberarían los fondos bajo los controles de sanciones estadounidenses para financiar servicios públicos en Venezuela como la policía, saneamiento y compra de medicinas.
La aprobación del cambio legal en Caracas llega el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza las transacciones que involucran al gobierno de Venezuela y PDVSA.
La exención en las sanciones anunciada por el Tesoro se refiere a las transacciones que describe como "ordinariamente incidentales y necesarias para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida".
Quedan, no obstante, explicitamente excluidas las transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.
La estatal PDVSA ha estado durante años sujeta a sanciones de Estados Unidos que buscaban asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Los intentos de Caracas por sortearlas y exportar pese a ellas su crudo llevó al desarrollo de la conocida como "flota fantasma", el grupo de barcos petroleros que ocultaban su identidad y ubicación para poder operar.
Washington inició en las semanas previas a la captura de Maduro una campaña que llevó al apresamiento de algunos de estos buques.