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Las estafas telefónicas hace mucho dejaron de ser delitos cometidos en la individualidad. 

Hoy en día, estos hechos se ejecutan por redes criminales de hasta más de 150 personas, donde logran enriquecerse cada vez más y sus maniobras son realizadas casi a la perfección y en pocos minutos. 

Se presentan como funcionarios de alguna institución del estado o de su entidad bancaria, indicando que deben hacer una devolución de dinero o incluso para colaborar con el trámite de la firma digital, sin embargo, estos timos podrían llegar disfrazados de múltiples maneras.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los perjuicios económicos de las estafas en el 2017 alcanzaron los 2500 millones de colones, para el 2018 ascendió a más de 3000 millones de colones y en el 2019 esta cifra superó los 5000 millones de colones.

Y en lo que va del año la inquietud no disminuye. Particularmente en la modalidad del falso funcionario público y durante los primeros meses del 2020 estos delincuentes lograron extraer más de 500 millones de colones. 

La preocupación es real. Más del 80% de estas estafas se ejecutan desde los centros penales, a todas luces de la Policía Penitenciaria, sin embargo, se necesitan de más actores para detener esta lucrativa actividad. 

Conozca todos los detalles en el reportaje adjunto.