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Equipados con algunos accesorios y ciertos productos de higiene, un grupo de activistas de derechos humanos no ha dejado de brindar acompañamiento a los ciudadanos que denuncian ser víctimas de agresiones o despidos injustificados por parte del estado de Nicaragua.

“Lo hemos hecho con los médicos, lo hemos hecho con algunas personas que nos han llamado y hemos estado presentes. Nos movilizamos lógicamente con nuestra protección, con mascarillas, con este protector (facial), constantemente tenemos aquí un protocolo para ingresar a la oficina como lavarse las manos”, expresa la organización.

Pero, los artículos de protección no son suficiente para los activistas de la comisión permanente de derechos humanos, pues consideran que, asistir a los juicios de los reos que representan, conlleva un gran riesgo de contagio. Razón por la que piden al estado que suspenda las audiencias.

“El mensaje sería que el gobierno detenga que se sigan continuando las celebraciones de audiencias y de juicios para evitar una situación de contagio del COVID-19”, agregaron.

Sin embargo, detener las labores de las instituciones estatales no está en los planes del gobierno. Las autoridades consideran que han hecho un buen manejo de la emergencia, motivo por el cual, ven innecesario declarar una cuarentena nacional.

“La labor heroica de los trabajadores de la salud avanza, procurando sobretodo que, la vida sea cuidada como el don de dios que es”, dijeron.

Pero, los activistas aseguran que la posición del gobierno no cambiará sus planes.

“Es duro el trabajo como defensores, sin embargo, mientras tengamos esa voluntad y esa disposición de trabajar por el más vulnerable, la CPDH va a continuar”, concluyeron.

Aunque la curva de contagio continúa en ascenso, Nicaragua sigue sin implementar medidas básicas como el distanciamiento social o la suspensión de eventos masivos.

Donaldo Hernández, Voz de América, Managua