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Con 31 votos a favor y 13 en contra el plenario legislativo aprobó este martes el informe de mayoría de la comisión que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se urge a las universidades públicas a ponerle freno a los abusos salariales y la “centralización” de la educación universitaria.

Tras más de ocho horas de acalorada discusión, los legisladores apoyaron la propuesta de adherir a las universidades estatales a un régimen de empleo público que permita reformar su escala salarial y a buscar formas de autofinanciamiento para no depender únicamente del aporte estatal.

La mayoría de los legisladores señalaron en sus intervenciones “el despilfarro histórico” que han tenido esos centros de enseñanza superior en temas de salarios, privilegios y pensiones.

“Muchos se ocultan en la autonomía universitaria para ocultar los problemas, disfunciones y contradicciones que actualmente tienen las universidades públicas del país. Nadie está discutiendo el valor público y el esfuerzo que realizan las universidades por mejorar la educación costarricense, lo que estamos criticando es que le esquema salarial, los privilegios y las pensiones de lujo son insostenibles en Costa Rica”, dijo el liberacionista Wagner Jiménez.

Jiménez criticó salarios de profesores que asegura superan los ₡9 millones y pensiones que promedian los ₡3 millones.

Según el informe de mayoría “las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades.

“Las negociaciones del FEES entre el gobierno y las universidades púbicas, se han concentrado únicamente en el traslado de los recursos, dejando de lado la posibilidad de acordar metas, programas o proyectos, que vayan en concordancia con las prioridades del país en materia de desarrollo, ambiental, económico y social”, dice.

Ese informe fue ampliamente refutado esta semana por la Universidad de Costa Rica, que lo calificó como “deficiente, sesgado e incompleto”.

“El dictamen lo consideramos deficiente en su concepción de lo que es una universidad pública. Evidencia en nuestro criterio una visión muy economicista sobre lo que es desarrollo y bienestar, reproduciendo estereotipos sobre las universidades públicas y brindando descripciones sesgadas e incompletas de sus aportes al país”, dijo el rector Carlos Araya.

Los diputados oficialistas también criticaron “la visión cortoplacista” del informe y un sustento en la crítica generalizada de “adoctrinamiento” que históricamente se le ha dado a estos centros de enseñanza superior.

¿Qué propone?

El informe recomienda al Ministerio de Educación Pública (MEP) realizar, en conjunto con las universidades públicas, un estudio mediante el cual se puedan establecer los aspectos para fortalecer la rectoría del MEP en lo relacionado con la educación superior.

Mejorar el uso y distribución de los recursos del FEES para que no solo se utilice en el pago de salarios y la reconceptualización de planes, así como sus procesos de seguimiento y evaluación, de tal forma que evidencie un ligamen, con las metas, objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas. 

A los rectores se les insta a ser consecuentes con las metas de estabilidad fiscal del país y el cumplimiento de la reforma fiscal, especialmente en el apartado de remuneraciones.

También les solicitan asumir su responsabilidad con la sostenibilidad de las universidades que lideran, denunciando las cláusulas abiertamente abusivas de las convenciones colectivas suscritas en los últimos años.

Ampliar la conformación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para que también participen el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y el Ministerio de Educación Pública.

Efectuar un análisis comparativo de escalas salariales entre universidades, para desarrollar una estrategia en aras de alcanzar la equidad y sostenibilidad financiera.

Y finalmente impulsar el desarrollo en las sedes regionales para disminuir el impacto económico y social que, según Eduardo Cruickshank, tiene en miles de hogares la migración de jóvenes a la capital y otras provincias al centro del país.