Diputados acuerdan reabrir investigación contra expresidente Solís por caso de cementazo

Los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron este lunes reabrir la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por los millonarios préstamos para la importación de cemento chino, un caso popularmente conocido como cementazo.

Con 38 votos a favor y solo 6 en contra (la bancada del PAC) quedó aprobado el informe por mayoría.

En agosto anterior la comisión legislativa que investiga el informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que eximió al exmandatario de toda responsabilidad, emitió un dictamen de mayoría en el que asegura que esa primera investigación fue muy breve y omitió posibles faltas de Solís al deber de probidad.

Entre otros, la comisión asegura que sí existen evidencias para pensar que el expresidente falló y que también lo hizo su gabinete, razón por la cual ahora también se solicita investigar el accionar de la PEP en esa resolución.

El legislador del Republicano Social Cristiano, Otto Vargas, quien presidió la comisión, argumentó que la intención es sentar responsabilidades (si las hubiera) en contra de Solís, pero ahora también del exprocurador Rónald Víquez, a quien se le cuestiona por la celeridad con la que liberó al expresidente de toda responsabilidad.

“Además de la reapertura de la investigación contra el expresidente Solís, se solicita a la Fiscalía que lo investigue a él, pero también a don Rónald Víquez, quien en un tiempo récord de dos meses exoneró a don Luis Guillermo de toda culpa sin llamar a un solo compareciente y apoyado en una investigación que posiblemente no leyó”, añadió Vargas.

El dictamen de mayoría también recomienda la investigación de cualquier otra autoridad que estuviera involucrada en los préstamos al empresario Juan Carlos Bolaños y además menciona al actual presidente Carlos Alvarado por su supuesta responsabilidad en la destitución de la antigua junta directiva del BCR.

El presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, catalogó como “pobre” la investigación de la Procuraduría de le Ética, ni siquiera en el caso del expresidente Solís se ahondó el tema, “ni siquiera lo llamaron para efectos aclaratorios”.

Benavides explicó que los congresistas de la legislatura anterior concluyeron que Solís “faltó al deber de probidad de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Anticorrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, específicamente en los siguientes: no actuó en condiciones de igualdad para los habitantes de la República, sus decisiones no se apegaron a la imparcialidad y los objetivos propios de las instituciones en las que se desempeña, falló al no verla porque la administración de los recursos públicos se amoldara a los principios de eficacia y economía, rindiendo cuentas satisfactoriamente, por lo tanto se remite este informe a la Procuraduría de le Ética, para su valoración y es curioso la Procuraduría encuentra que ninguna de esas conclusiones tiene sustento”, concluyó.

Por su parte, el dictamen de minoría suscrito por la diputada del PAC, Laura Guido Pérez, concluye que el expresidente Legislativo, Ramírez Zamora, faltó a su deber de informar al Directorio 2018-2019, sobre la resolución a la denuncia contra Expresidente de la República y la existencia de un plazo para la presentación de recursos de revocatoria y apelación.

“El vencimiento del nombramiento de Ramírez Zamora no implica una extinción de las responsabilidades derivadas de aquellos procesos que se iniciaron durante su gestión.

No hubo ningún intento por parte del señor Ramírez de comunicarse con su sucesora, la diputada Carolina Hidalgo Herrera, para informarle de la existencia y contenido de la Resolución y el plazo respectivo, lo cual habría contribuido a la oportuna distribución del documento”, comentó.

Y es que, según Guido, la investigación fue amplia y se concluye que se dieron problemas serios en el proceso de notificación del informe de la Procuraduría de le Ética.